Los ingenieros retoman el poder en el ministerio más inversor

El nombramiento del alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (Bilbao, 1971), como ministro de Fomento sigue la tradición del Partido Popular de buscar para ese cargo a personas del norte y del noroeste, comprometidos con el desarrollo de unos territorios que a menudo llegaron tarde a los progresos en movilidad que antes experimentaron otras comunidades. Primero fue el asturiano Francisco Álvarez Cascos y después la gallego-zamorana Ana Pastor, mientras que el Gobierno de Zapatero, salvo el paréntesis de la andaluza Magdalena Álvarez, también apostó por el gallego José Blanco para su último ciclo político en la Moncloa. De igual forma, Rajoy retorna al perfil de Álvarez Cascos al elegir para el cargo a un ingeniero de Caminos, algo que suele ser muy bien acogido tanto en el ministerio como en las constructoras y consultoras. En cualquier caso, De la Serna no está especializado precisamente en infraestructuras. Su campo de trabajo antes de dedicarse a la política lo desarrolló en el ámbito de la hidráulica y el medio ambiente.

El sucesor de Ana Pastor -y de Rafael Catalá en los últimos meses- probablemente será el ministro que más tendrá que lidiar con el recorte adicional de más de 5.000 millones de euros que ya se reclama desde las instituciones europeas. El ministerio con más capacidad de gasto es el que proporcionalmente ha sufrido más sacrificios presupuestarios y esta vez no será una excepción, pues la política de contención en infraestructuras seguirá.

Los nuevos recortes podrían afectar a los compromisos pendientes con Galicia, especialmente al nuevo acceso ferroviario a la comunidad, que se resiente desde hace años de la gestión de las obras por parte del ADIF, con numerosos problemas con las adjudicatarias que provocaron larguísimos parones en las obras. El próximo responsable de Fomento podría afrontar el doloroso deber, una vez más, de explicar que el plazo del AVE comprometido para el 2018 no va a poder cumplirse. Obras paralizadas durante meses e incluso años y, por tanto, deficientes niveles de ejecución presupuestaria, así como las obvias complicaciones técnicas de una obra compleja, podrían obligar al próximo ministro a redefinir por quinta vez el calendario del AVE, aunque de momento el plazo de diciembre del 2018 se mantiene. La obra, pese a eventuales presiones de los aliados que tenga el Gobierno del PP, ya no tiene vuelta atrás y lo único que habría que decidir es el impulso final, tanto en el ámbito presupuestario como en el técnico.

Íñigo de la Serna, que recientemente pidió un ministerio para un ingeniero de Caminos -después aclaró que no era una petición personal- procede del municipalismo -presidió la FEMP hasta septiembre del año pasado- y, también por su formación de ingeniero, conoce bien los problemas de movilidad. Pero también servirá de enlace para negociar los presupuestos con el PNV con el caramelo del impulso a la red de alta velocidad vasca, prevista para el 2019. De paso, es posible que inicie el proceso para dotar de un enlace ferroviario de altas prestaciones a su comunidad, Cantabria, uno de los territorios que la crisis dejó sin el AVE puerta a puerta que preconizó Aznar.

La transferencia a la Xunta de la AP-9 será otro de los puntos calientes de la relación bilateral con Galicia. Aunque Fomento tiene razones de peso para no ceder una infraestructura considerada «de interés general», los argumentos para no discutir este asunto en el Congreso hace unos días no fueron precisamente convincentes. Existen decisiones intermedias en la gestión de la autopista que pueden ser tenidas en cuenta por la nueva cúpula ministerial, que tendrá que decidir cómo se cierra el mapa de autovías en Galicia. Es decir, si finalmente se apuesta por la cuestionada Ourense-Ponferrada y si se asume la deuda pendiente con A Mariña, avanzando en la A-82 entre Barreiros y San Cibrao. También es necesario impulsar la solución al problema de la niebla en la A-8, una autovía que De la Serna, como cántabro y vizcaíno, conoce muy bien.