El núcleo de mandos que no querían alejar el «Prestige»

Jesús Uribe llegó a la sala de vistas con la pesada carga de una frase grabada. «O jodes La Coruña o jodes toda la costa». Pero a diferencia de su interlocutor en las conversaciones que publicó La Voz -Pedro Sánchez, director del Centro Nacional de Coordinación-, el que fuera director de operaciones de Salvamento no dio un paso atrás. Más bien matizó un paso adelante que, en una conversación privada que fue finalmente pública, evidenció fisuras en el aparato de la Administración por la decisión de alejar el Prestige. Su primera opción, admitió ayer ante el tribunal, era llevarlo al puerto de A Coruña, pero con «salvedades». Había que analizar el estado del buque. Ver si podía entrar ayudado por la máquina. Se necesitaban «muchos remolcadores» y la maniobra era «complicada» por los giros de 90 y «hasta de 180 grados» que debía realizar el petrolero para atracar en el pantalán de Repsol. El sobrecalado del buque y el tiempo «horrendo» tampoco ayudaban.

En cualquier caso, consideraba que la opción de la dársena coruñesa era la que más se ajustaba a la filosofía de los puertos refugio, «pues podía solucionar rápidamente los problemas del barco» y era la mejor alternativa «para un trasvase rápido».

El propio abogado del Estado le llegó a preguntar quién conocía mejor el puerto coruñés. Uribe respondió que el práctico, precisamente la persona que desaconsejó llevar el Prestige a A Coruña y que pidió que lo eximieran de responsabilidad si se optaba por acogerlo. Pero el exdirector de operaciones solo concebía un alejamiento limitado, «a unas veinte millas», para evitar que embarrancara.

Los hombres del salvamento

Uribe caminó sobre la delgada línea que separan los ideales de quien es capitán y experto en salvamento -«Nuestra labor es ofrecer protección a quien tiene problemas», dijo- y alguien que no quiere ser desleal con la Administración de su país. De ahí que se negara a dar su opinión sobre las decisiones que están sometidas a juicio. Pero, una vez finalizadas las declaraciones de los principales mandos de Fomento, quedó claro que forma parte del núcleo de cargos de salvamento que, ideológicamente y por su propia esencia profesional, eran proclives al refugio. El propio Pedro Sánchez -que en el juicio no llegó a ser tan claro al respecto-, el jefe del centro zonal Finisterre, José Pose, y a otro nivel más crítico, el inspector jefe de la Capitanía coruñesa, Fernando Balbás. Uribe incluyó de forma tangencial a su superior, Javier Gárate, pues declaró que llevó una propuesta de puerto refugio a una reunión del gabinete de crisis. Varios abogados le recordaron que no hay registro oficial de esa propuesta. Las actas no la reflejan. «Gárate me dijo que se iba a estudiar la opción del puerto refugio y yo estaba de acuerdo con él. No me cabe ninguna duda de que lo expuso en la reunión. Si dice algo, lo hace», declaró Uribe.

¿Cómo encaja estas posiciones la Abogacía del Estado? Los propios letrados de la Administración pidieron que tipos como Uribe declararan, pues la existencia de puntos de vista disidentes con la tesis oficial alimenta la idea de que en la Administración había debate. Se discutían todas las opciones y no se tomaban las decisiones a priori. Y los funcionarios no serían precisamente el cuerpo «acrítico» que dibujaba el auto de la Audiencia de A Coruña con el que se volvía a imputar al director de la Marina Mercante, José Luis López Sors.

Sobre la decisión final, el abogado de la armadora, Santiago Zabaleta, le preguntó si partió de una iniciativa «personalista» de López Sors. «Ahí no quiero entrar», contestó Uribe. Y pareció que callaba para otorgar.