El seguro de Renfe afronta en solitario los 44 millones del Alvia tras intentar implicar al ADIF

La aseguradora de Renfe, la firma australiana QBE, adoptó desde el inicio de las diligencias una estrategia procesal contundente en el caso Alvia, consecuencia de su situación como único responsable civil directo. Su posición consistía en intentar culpar al ADIF por lo que consideraba deficiencias claras en la seguridad de la línea, con el objeto de que al menos pudiera compartir las consecuencias civiles del procedimiento con la aseguradora del administrador. El caso es que, tras el auto de cierre de la instrucción y el escrito de acusación del fiscal, que aboca a QBE a afrontar en solitario 44,2 millones de euros por los daños, es una incógnita si la aseguradora con la que la operadora suscribió la póliza de responsabilidad civil seguirá con la línea procesal que mantenía hasta ahora. «Lo lógico en una aseguradora sería mantener esta posición para al menos compartir los gastos, pero estoy convencido de que las presiones para que no recurran son muy fuertes», comenta un abogado personado en la causa.

De momento, su único paso tras el auto del juez Andrés Lago Louro fue un escrito en el que solicitaba una serie de aclaraciones sobre distintas diligencias que había solicitado y a las que el instructor no hizo referencia. Entre ellas pedía que el juez se pronunciara sobre la posibilidad de que los dos peritos de la aseguradora, Frans Heijnen y James Catmur, ratificaran su informe de la misma forma que lo hicieron en su momento los tres peritos que no son de parte, es decir, aquellos que fueron nombrados directamente por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago. Este informe pericial era demoledor con la gestión de la seguridad llevada a cabo por el ADIF. Consideraban «intolerable» el riesgo en la curva de Angrois pues, en su opinión, favorecía un accidente «catastrófico». Acusaban al administrador ferroviario de no elaborar una evaluación de riesgos global y calculaban que la posibilidad de descarrilamiento en la curva era de uno cada seis meses.

Además de esta diligencia, se pedía una nueva ratificación del informe del perito que estudió el tren, el ingeniero industrial José Manuel Lamela. El juez aún no se ha pronunciado sobre estos asuntos, pero esta petición de aclaraciones le vale a QBE para ganar tiempo y sopesar si recurren el auto. En su escrito, dan pie a esta posibilidad, al asegurar que estas aclaraciones son necesarias «con el fin de que esta parte pueda ejercer debidamente su derecho a la tutela judicial efectiva y, en su caso, formular el oportuno recurso, sin que se le cause indefensión».

Indemnizaciones

Pocas dudas caben de que QBE tendrá mucho que decir sobre el escrito de acusación del fiscal del caso, Antonio Roma. Su valoración de las compensaciones a las víctimas asciende a 42,89 millones de euros, de los que 32,35 corresponden a las indemnizaciones por los 80 fallecimientos y 10,54 para las 144 personas que resultaron heridas. Esta evaluación provisional que reclama la Fiscalía es dos veces mayor que los cálculos de la aseguradora para compensar a las víctimas. Hasta el pasado mes de julio había depositado en el juzgado 14,49 millones de euros en concepto de adelantos, sin que esto suponga un reconocimiento de responsabilidad por parte de la aseguradora. Esta es la cifra con la que el seguro pretendía abonar la totalidad de las indemnizaciones en una primera aproximación sobre la factura global del accidente. Además, el fiscal pretende que abone 1,36 millones al ADIF por los desperfectos que causó el accidente en la infraestructura de la línea Santiago-Ourense.