La gestión conjunta de depuradoras propicia ahorros de hasta el 30 %

La Sogama del agua que la Xunta está empezando a alumbrar para acabar con el mal funcionamiento de las depuradoras que están en manos municipales, y para corresponsabilizar a las Diputaciones en el saneamiento y el ciclo del agua, no es una iniciativa solitaria, sino que en cierta medida está inspirada en distintas experiencias de gestión consorciada que funcionan ya en otros puntos de España. La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, de la que depende ahora Augas de Galicia, ha estudiado algunas de estas experiencias de cara a valorar qué sistema sería más propicio para la comunidad. Aunque la gestión agrupada es relativamente habitual en los sistemas de abastecimiento de agua -los concellos se alían en estructuras superiores para que sean más rentables-, es cierto que no es tan común para el saneamiento y la depuración.

En los sistemas estudiados por el Gobierno autónomo hay una constante: el ahorro en los costes de explotación de las plantas, que se sitúa entre el 20 y el 30 %, según informe del departamento que dirige Ethel Vázquez. Por supuesto, gran parte de este ahorro se debe a que se necesitaría menos personal para gestionar las depuradoras, pero también habría ahorros indirectos al poder licitarse contratos de mayor envergadura para suministros conjuntos «que permiten un mellor prezo de mercado», asegura la Xunta en su informe. De esta forma se optimizarían costes como la energía eléctrica, reactivos o la gestión de lodos, entre otros.

En paralelo, la gestión conjunta permite una mayor profesionalización del personal que atiende estas instalaciones, pues habría que contratar técnicos especializados que muy difícilmente podrían atender una depuradora aislada de un municipio de tamaño medio o pequeño. Este hecho permitirá, según la Consellería de Infraestruturas, «mellores resultados no proceso depurativo».

El gasto en personal

Hay que recordar que la última auditoría realizada por la Administración autonómica detectó que la mitad de las depuradoras gestionadas en exclusiva por los concellos tienen alguna deficiencia en su funcionamiento. Y que el gasto más relevante en las plantas de tratamiento es precisamente el de personal, y puede rebajarse entre un 25 y un 40 % en función del número de depuradoras que se agrupen en un eventual consorcio.

Aunque el abastecimiento de agua y el saneamiento son competencias exclusivas de los ayuntamientos -también la recogida de basura y eso no invalidó la experiencia de Sogama-, la realidad es que en Galicia esta tarea es muy compleja y costosa para los municipios. A menudo no hay capacidad ni recursos, pero tampoco voluntad. De ahí que la Xunta apueste por desarrollar un nuevo sistema de explotación que implique a todas las administraciones responsables, incluidas las diputaciones. Es probable que en el debate sobre el estado de la autonomía surja este asunto en el que la consellería lleva un tiempo trabajando, estudiando experiencias en esta dirección en distintos puntos de España.

Curiosamente, una de ellas no hay que buscarla muy lejos. En A Coruña, la empresa municipal de aguas (Emalcsa) realiza la gestión del ciclo integral del agua, prestando servicio de abastecimiento y saneamiento a 391.000 habitantes del área metropolitana. En la planta depuradora de Bens participan cinco municipios en relación a su población.

En el resto de España hay otras fórmulas de gestión del agua hacia las que puede mirar Galicia, como el Canal de Isabel II en Madrid, una sociedad anónima de capital público; el Consorcio de Aguas de Bilbao, que gestiona todo el ciclo para 80 municipios que en total suman más de un millón de habitantes; la gestión del agua en Asturias a través de una entidad que controla el Gobierno del Principado; o la experiencia de Promedio, un consorcio que se encarga del ciclo integral del agua y que gestiona la Diputación Provincial de Badajoz.