Competencia vigila las subvenciones que recibe Renfe, que crecen con servicios ferroviarios parados

En el 2018, Renfe firmó uno de los contratos más millonarios del sector público español. Hasta al menos el 2027, la empresa pública recibiría un máximo de 9.693 millones anuales por prestar una serie de obligaciones de servicio público (OSP) que, al no ser trayectos rentables en su mayoría, su déficit de explotación es compensado por las arcas públicas. Estas ayudas aumentaron en el 2020 con más del 50 % de los trenes parados a causa de la pandemia. Por las propias condiciones del contrato, Renfe ingresó más con las frecuencias mínimas a las que obligaban las restricciones de movilidad de los sucesivos estados de alarma, algo que justifican fuentes del Ministerio de Transportes, que es quien debe gestionar el contrato a lo largo de los años. «En los servicios OSP el descenso de ingresos alcanzó los 303,5 millones de euros respecto al 2019, por el descenso del número de viajeros, mientras que la reducción de costes por la bajada en el número de circulaciones alcanzó los 137 millones», alegan. 

Esto supuso que en el 2020 se transfirieran a la operadora pública 1.108,3 millones de euros, frente a los 934 del 2019, cuando los trenes circularon con normalidad. La propia Renfe, en su cuenta de resultados del 2020, alega que, en los servicios OSP, «el impacto en la cuenta de resultados queda amortiguado con el devengo de la compensación por parte del Estado, ya que el contrato, en su cláusula decimoquinta, permite la revisión del contrato en casos de dificultad significativa». En este caso, la revisión del contrato supuso aumentar el techo de gasto.

En plena liberalización ferroviaria, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigila que este dinero que Renfe recibe del Estado (un tercio del mercado de viajeros) debe separarse de otros servicios que Renfe presta en régimen de riesgo y ventura, como los de larga distancia o alta velocidad. De esa forma se mantiene la competencia en igualdad de armas, pues se desvirtuaría si Renfe aporta parte de esos más de mil millones a sanear sus cuentas en los servicios liberalizados, que también sufrieron la crisis del covid. Tras la apertura de un procedimiento reciente, Renfe consideró que la CNMC no es competente para investigar este asunto, sino Intervención General del Estado. No obstante, Competencia comprobó que esa separación de cuentas existe y seguirá vigilando que se mantiene en los próximos ejercicios, para evitar el dopaje de la operadora con dinero público frente a sus competidores.