España pelea para que el Tribunal de Justicia de la UE intervenga en el pleito de Londres por los 855 millones del Prestige

Cuando parecía que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) iba a tener mucho que decir en el pleito por los 855 millones del seguro del Prestige, la aseguradora británica que debería pagar esa suma, al ser declarada responsable civil directo por el Tribunal Supremo, logró hace unos meses que un juez desestimara la participación en el pleito de la justicia comunitaria, que había sido decidido por el juez Justice Butcher en diciembre del 2020. La decisión parecía definitiva, pero los abogados que representan a España, del bufete Squire Patton Boggs, lograron hace unos días que los jueces del Tribunal de Apelación acepten un recurso en casación contra el auto que consideraba improcedente plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE.

El London P&I Club, que está ejerciendo una resistencia numantina para que no se ejecute la sentencia española, ve en una eventual intermediación de la justicia comunitaria un serio revés a sus tesis, mientras que España esperaba que el tribunal europeo dejara claro definitivamente que la sentencia del Alto Tribunal de un país miembro debe estar por encima de cualquier decisión respecto al Prestige promovida en la jurisdicción británica. España logró promover esta cuestión prejudicial sobre el conflicto de jurisdicciones justo antes de que se implementara el brexit, por lo que los tribunales británicos deberían acatarla.

La opción de poder presentar un recurso en casación mantiene viva, por tanto, la opción de que el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, aporte su criterio sobre la aplicación del reglamento de cooperación judicial. De hecho, a pesar de los recursos de la aseguradora del Prestige y los vaivenes del caso, el trámite de la cuestión prejudicial siguió su curso en el tribunal comunitario. La vista con los argumentos de las partes tuvo lugar el pasado 31 de enero y se espera el dictamen del abogado general del TJUE para el próximo 5 de mayo, aunque la sentencia definitiva se emitirá más adelante.

Fuentes relacionadas con la ejecución de la sentencia del Prestige en la jurisdicción británica aseguraron que la posibilidad de recurrir en casación «es una decisión francamente favorable para nosotros». También aseguraron que la vista de la cuestión prejudicial en Luxemburgo «salió muy bien y no nos conviene nada que se retire». Ahora los abogados que representan a España deben preparar el recurso para que la decisión del tribunal de Luxemburgo, con su propia interpretación del reglamento comunitario de cooperación judicial entre países miembros, sea vinculante.

Este asunto es uno más en un proceso farragoso y muy complejo, en un sistema legal como el británico completamente diferente al español, donde abundan los recursos y contrademandas mientras crece la factura de los abogados de ambos mandos, con unas minutas muy altas. Lo que está en juego en Londres, en resumen, es un conflicto de jurisdicciones. El P&I Club se blindó en el 2013 con un laudo arbitral y una sentencia en la jurisdicción británica que obligaría a España a dirimir cualquier reclamación sobre el seguro del petrolero en base a un arbitraje y según los términos del contrato de la póliza, basado en el pay to be paid. Es decir, la aseguradora solo estaría obligada a pagar los 855 millones de euros si antes los abona el armador, algo literalmente imposible. Por su parte, España registró la acción directa contra la aseguradora en marzo del 2019. En ese momento, el P&I Club apeló el registro asegurando que reconocer la sentencia iba contra el ordenamiento jurídico inglés, al tiempo que acusaba a España de violar los derechos humanos del capitán Mangouras y su derecho a un juicio justo, una acusación sin base que cayó por su propio peso.