La Xunta licitó 66 millones en 56 contratos mientras estaba en funciones
Galicia
La inmensa mayoría eran licitaciones relacionadas con el mantenimiento, la conservación o el gasto corriente de la administración autonómica. Una adjudicación de 3,4 millones, que superaba los límites establecidos por la normativa, se justificó por «urxente» e «inaprazable»
18 May 2022. Actualizado a las 05:00 h.
Desde la dimisión de Alberto Núñez Feijoo el pasado 29 de abril, los vicepresidentes y conselleiros siguieron en sus puestos, aunque con un limitado margen de maniobra al quedar en ese limbo administrativo que es un gobierno en funciones, unas limitaciones que están más pensadas para un eventual traspaso de poderes tras un proceso electoral que para la renuncia de un presidente. No obstante, la dimisión del máximo mandatario de la Xunta es una de las circunstancias para las que el artículo 17 del Estatuto prescribe un gobierno en funciones. La posterior Lei de Transparencia e Bo Goberno (2016) plantea las limitaciones para un Ejecutivo de transición que, en lo referente al régimen de contratación, prohíbe adquirir compromisos de gasto «que non teñan a consideración de gasto corrente». Es decir, la Administración debe seguir funcionando y reaccionando ante las necesidades del día a día, pero sobre el papel no se pueden licitar nuevos proyectos, una prevención para no condicionar la política presupuestaria del gobierno entrante.
Pese a estos condicionantes, la Xunta licitó 66,09 millones de euros entre el viernes 29 de abril y el lunes 16 de mayo, cuando los conselleiros tomaron posesión, todos en el mismo departamento que ostentaban salvo el recién llegado Diego Calvo. Este dinero se repartió en un total de 56 contratos, por lo que es fácil adivinar que son de cuantías relativamente pequeñas. Aunque se trata de licitaciones —es decir, la aprobación de un contrato que sale al mercado para que concurran eventuales adjudicatarios—, la Lei de Transparencia no permite adjudicaciones que tengan vigencia plurianual «o aquellos cuya estimación económica supere la cuantía de 150.000 euros».
En las licitaciones durante el período transitorio hasta la investidura de Alfonso Rueda y la elección de su gabinete hay contratos de mucha mayor cuantía, pero justificados en el amplio concepto de «gasto corriente» y, además, por ser licitaciones y no adjudicaciones.
En otros casos, cuestiones como la urgencia o la necesidad inaplazable sirven para aprobar licitaciones o adjudicaciones en estos períodos, que tal vez no estarían permitidos con una lectura estricta o restrictiva de la normativa. En estos casos suele pedirse consejo a la asesoría jurídica o a la Intervención Xeral.
Contratos en sanidad
Por ejemplo, sería difícil entender que hubiese contratos en el ámbito de la sanidad, la educación o la política social que se paralizaran por el simple hecho de que dimita un presidente o se convoquen unas elecciones. En este contexto, el contrato más cuantioso de todos los que se licitaron en este período es uno del Sergas para proveerse de vacunas antigripales, con un presupuesto estimado de licitación que supera los nueve millones de euros.
La necesidad de mantener activos departamentos clave como el sanitario explica que sea el Sergas el ente administrativo que más millones de euros licitó durante este período en funciones, algo más de 23 millones de euros.
Algo parecido sucede con la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), dependiente de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade y encargada del mantenimiento de la red de carreteras, pero también de la construcción de edificios estratégicos en el ámbito sanitario, como hospitales o centros de salud. Durante estos días en funciones, licitó varios contratos de refuerzo de firma en distintas carreteras de competencia autonómica, acciones que se enmarcan en el concepto de gasto corriente. Lo mismo sucede con Augas de Galicia.
Hay licitaciones de cierta cuantía que fueron aprobadas antes del período en funciones y se publican ahora. Es el caso de una residencia de estudiantes en el Centro de Promoción de Productos Agrícolas, cuya salida a contratación recibió el plácet en noviembre.
Una adjudicación de más de tres millones se justificó por «urxente» e «inaprazable»
La Lei de Transparencia autonómica prohíbe adjudicar contratos de más de 150.000 euros mientras el Gobierno esté en funciones, pero se trata de una normativa con excepciones. Así sucede con un contrato de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) para la actualización del software y la creación de una nube privada de la Xunta. Este contrato fue adjudicado a la división de Telefónica especializada en soluciones informáticas por 3,4 millones de euros, IVA incluido.
En la documentación relativa a esta contratación se especifican las razones de la adjudicación pese al límite que impone la ley de no exceder los 150.000 euros. «Malia a situación actual de Goberno en funcións na Xunta de Galicia, e atendendo ás directrices conxuntas da Asesoría Xurídica Xeral e a Intervención Xeral da comunidade autónoma, cómpre a adxudicación áxil deste expediente dada a necesidade inaprazable e urxente deste órgano de contratación de recibir as subministracións que son obxecto de contratación», se explica en los pliegos donde se detalla el proceso de adjudicación.
En cambio, otro contrato de más de nueve millones de euros para el suministro de ordenadores ultraportátiles para los centros educativos de la Xunta esperó al día 16, día de la toma de posesión de los miembros del Gobierno de Rueda, para ser adjudicado, por lo que no precisó de ninguna aclaración sobre la necesidad o urgencia de la contratación.