El Gobierno plantea una cogobernanza de la AP-9 que no aplica desde el 2018

La solución salomónica del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE estatal para el traspaso de la AP-9 es una suerte de cogobernanza que no supondría un cambio de titularidad, sino una participación de la Xunta en las decisiones que se tomen sobre la concesión y la posibilidad de que las sanciones a la concesionaria Audasa se puedan decidir en Galicia. No obstante, el Ministerio de Transportes no convoca desde noviembre del 2018 el único instrumento de cogobernanza existente, que es la comisión bilateral creada en el 2017 cuando el Gobierno de Rajoy se negó de plano a la transferencia de la autopista a la comunidad autónoma y articuló un sistema de participación en las decisiones sobre la concesión.

Esta solución también salomónica, ideada por Íñigo de la Serna, entonces ministro de Fomento del PP, estaba diseñada como antídoto balsámico para calmar la postura reivindicativa del Gobierno de Feijoo. No suponía ningún cambio sobre el estatus jurídico de la autopista y quizás se exageró su alcance, al transmitirse la idea de que suponía una gestión compartida de la AP-9. «Queremos que las decisiones se tomen desde la lealtad y de forma compartida», dijo Íñigo de la Serna cuando anunció la comisión, en diciembre del 2016. Feijoo, entonces al mando de la Xunta, definió la iniciativa como un avance histórico.

La comisión bilateral se constituyó en febrero del 2017, con la intención —cumplida en aquel período— de reunirse cada seis meses, aunque en un principio llegó a hablarse de encuentros trimestrales. Pero este intento de cogobernanza decayó con la llegada del PSOE al poder, tal vez por considerar que era un compromiso heredado del Ejecutivo del PP con una comunidad autónoma en su órbita ideológica. La realidad es que lleva más de cuatro años sin convocarse.

Cartas sin respuesta

Pese a ello, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade se aferró a este órgano y reclamó su convocatoria en diversos escritos dirigidos al ministerio. En uno de ellos, fechado en enero del 2021, la conselleira Ethel Vázquez reclamaba una reunión de la comisión bilateral, asegurando que «demostró ser un foro de colaboración y coordinación institucional de utilidad». Esa petición se reiteró en octubre de ese mismo año, a raíz de los elevados incrementos de las tarifas y el emplazamiento de la Unión Europea para que España justificara las continuas ampliaciones de la concesión, que estará vigente hasta el 2048.

Al carecer de un andamiaje jurídico, la comisión bilateral quedó finalmente en el terreno de la arbitrariedad del Gobierno de turno. La propuesta inspirada por el Ministerio de Transportes para el trámite parlamentario de la transferencia de la AP-9, encarnada en las enmiendas del PSOE en el Congreso, va más lejos que la comisión bilateral, pero rebaja las expectativas del PSdeG, que se mantiene fiel a la propuesta unánime del Parlamento gallego, en la que se defiende un cambio de titularidad. El planteamiento gubernamental mantiene la AP-9 en la red de carreteras del Estado, pero plantea transferir las competencias sobre la administración y la explotación de la autopista y la potestad para imponer sanciones. En paralelo, se añade un artículo para que sea necesaria la conformidad de la comunidad autónoma para cualquier cambio en el contrato de la concesión como, por ejemplo, una nueva ampliación.