El CSIC investigará a los científicos que vendieron su prestigio a Arabia Saudí

Once científicos españoles aceptaron en 2022 pagos de universidades de Arabia Saudí para declarar falsamente que es en estas instituciones, y no en los centros para los que trabajan en España, donde realizan sus investigaciones principales, según una investigación de El País. A base de talonario y con el objetivo de aumentar su prestigio y su influencia, las universidades saudíes han utilizado este método para auparse en los ránkings internacionales más influyentes, como el de Shanghái, que premian a los centros educativos que cuentan con premios Nobel o con los científicos más citados del mundo.

La química Mira Petrovic, que trabaja en la sede de Girona del Instituto Catalán de Investigación del Agua, fue tentada por el dinero árabe en los meses anteriores a la pandemia. «El jefe de un departamento de la Universidad Rey Saúd de Riad me envió un correo electrónico en el que me ofrecía 70.000 euros para mi bolsillo si publicaba en mis artículos que mi primera afiliación era su universidad. Me sorprendió que fueran tan directos. Busqué información y vi que la revista Science ya había descubierto casos así en los años 2010 y 2011», recuerda Petrovic. A cambio, solo tenía que ir «una o dos veces al año a la universidad y dar clases tres o cuatro días». Pero esta investigadora, que forma parte de la élite de las más citadas en España y en el mundo, no dudó ni un segundo en rechazar la oferta. «Tengo un contrato con mi centro, que es mi única afiliación. Y además, sé cómo se trata a las mujeres en esos países. Tendría que dar clase totalmente tapada. De ninguna manera», subraya.

De los 112 investigadores de todo el mundo que aceptaron el año pasado una oferta saudí, once son españoles, una cifra sorprendentemente elevada si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en China, con 30 veces más habitantes, solo fueron doce; de Reino Unido e Italia, seis; de Alemania y la India, cinco, o de Pakistán y Turquía, cuatro. Estos datos los revela el informe «El juego de afiliación entre las instituciones de Educación Superior e Investigación españolas y saudíes», realizado por la consultora Siris. Uno de los autores del estudio es el investigador suizo Yoran Beldengrün, que especula con que la facilidad con la que los centros saudíes captan a expertos españoles tiene que ver con la precariedad de la ciencia en España. «Si las condiciones aquí son miserables y alguien ofrece 70.000 euros por cambiar unas líneas en una publicación en una web, alguno piensa que no pasa nada por poner otra primera afiliación que no sea la de su centro español», dice Beldengrün. Entre los años 2014 y 2021, Siris detectó que otros ocho españoles tenían una primera afiliación en universidades de Arabia Saudí, pero vaticina que en 2023 «no habrá ninguno». «Los centros españoles ya se han dado cuenta de lo que está pasando», argumenta.

Precisamente uno de los primeros centros en lidiar con un caso de falsa afiliación fue la Universidad de Córdoba, que en marzo suspendió de empleo y sueldo durante 13 años a Rafael Luque, su investigador más citado, por firmar sus artículos con la Rey Saúd. Y aunque no puede aportar más información de este caso en concreto por la ley de protección de datos, la vicerrectora de Política Científica, María José Polo, reclama una reflexión general sobre la «tiranía de los índices de impacto». «Desde hace bastantes años, las instituciones de investigación estamos sometidas a unos ránkings que miden la repercusión de nuestras publicaciones, lo que nos mete en un contexto de enorme competitividad. Y hecha la ley, se puede hacer la trampa por parte de quienes buscan atajos para subir su impacto», asegura.

Un planteamiento similar realizó este miércoles el ministro de Universidades, Joan Subirats, que cree que es necesario implantar «indicadores distintos» a los numéricos para valorar a las instituciones de educación superior con el fin de evitar «disfunciones», como el pago a científicos españoles por parte de Arabia Saudí. «Hay una mala utilización de los criterios numéricos que ha provocado un efecto perverso en la valoración de las universidades», señaló.

Respecto a las ofertas de Arabia Saudí, la vicerrectora de la Universidad de Córdoba agrega que «la ética debe estar por encima del dinero» y en su opinión, el argumento de la precariedad no es más que una excusa en estos casos. «Yo no osaría juzgar a quien acepte una oferta de este tipo si no tiene suficientes medios económicos, pero los científicos que han tenido ofertas de Arabia Saudí no son los que están en peores condiciones, esos son otros», subraya Polo.

La lucha por situarse en la cabeza de las listas de las universidades, en especial, en el ránking de Shanghai (donde Harvard ocupa el primer puesto), es despiadada porque de ello depende la influencia de cada centro educativo y su capacidad de atraer alumnos, que a su vez, pagan matrículas muy altas con la que se mantienen estas instituciones. Entre los criterios para escalar en las listas figura que las universidades cuenten en sus departamentos con ganadores de premios Nobel, con investigadores que publiquen en las revistas Science o Nature o con profesores incluidos entre los Highly Cited Researchers, una recopilación que elabora la empresa inglesa Clarivate con los 7.000 científicos más citados del mundo. En 2022, de estos 7.000, 101 tenían como primera afiliación una institución española, y estaban adscritos, sobre todo, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (quince), a la Universidad de Granada (nueve), a la de Barcelona (nueve), a la Universidad Politécnica de Valencia (cuatro), a ISGlobal (cuatro) y al Hospital Vall d'Hebron (cuatro), aunque otros 39 centros tienen algún miembro en esta lista, según un informe elaborado por Siris. El CSIC, la institución científica más importante de España, ha iniciado una investigación para descubrir posibles casos.