La Cámara de la Minería defiende que no existen minas ilegales ni en A Mariña ni en el resto de Galicia
A MARIÑA
Sostiene que todas las explotaciones mineras tienen los permisos preceptivos
23 oct 2023 . Actualizado a las 18:33 h.La Cámara Oficial Mineira de Galicia defiende a la industria minera «ante las acusaciones de Ecologistas en Acción, que mantiene una campaña de acoso e intimidación inaceptable», señalan.
«En Galicia no existen minas ilegales de ningún tipo. Todas las explotaciones mineras tienen los permisos preceptivos, deben presentar un Plan de Labores anual, estar al corriente de medidas de seguridad y protección ambiental, así como tener garantías y avales financieros a disposición de la Administración. La vigilancia de esta legalidad se realiza, de manera efectiva, por la Administración pública de Galicia», expresan desde la COMG.
Explican también que «la minería en España es un sector muy regulado, con gran densidad de normativas que afectan a la actividad extractiva. De hecho, se trata del país de la Unión Europea en el que mayor presión legal existe. En España, una empresa minera debe esperar entre dos y seis años para recibir un permiso minero debido a la espesa legislación y a la regulación de 103 administraciones y más de 130 leyes. Las empresas mineras actúan con responsabilidad y cumpliendo la legislación».
«En los casos en los que pudiera no suceder -apuntan desde la Cámara-, la administración pública actúa con determinación. La Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) defiende la labor llevada a cabo por los técnicos de la Administración autonómica en la supervisión y control de las explotaciones. El cuerpo de técnicos de la Xunta de Galicia ha demostrado su imparcialidad y su labor de control durante décadas».
Además, la COMG quiere mostrar su preocupación por la judicialización del trabajo de técnicos y funcionarios por parte de grupos de activistas, tal como señalan. «La persecución a la que se ven sometidas las administraciones y los funcionarios públicos en su trabajo diario, así como el descrédito que se pretende con acusaciones irresponsables hacia el sector minero son inaceptables», manifiestan.
Con respecto al comunicado emitido recientemente por Ecologistas en Acción y referenciado por agencias y medios, «la COMG quiere resaltar que la información ofrecida por el Observatorio Ibérico de la Minería en su página web es inexacta, incompleta, sin rigor científico y tendenciosa en lo que respecta a las minas y canteras de Galicia. Su único objetivo es ofrecer una imagen que solo pretende perjudicar la imagen de la industria minera a nivel nacional».
«Bajo la denominación de Observatorio de la Minería -expresan en su comunicado de prensa- opera la Fundación Montescola, una entidad privada con domicilio en Lousame (A Coruña), que se financia con fondos públicos para la realización de actividades relacionadas con la promoción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España de la Secretaría de Estado, Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030».
«La COMG ha denunciado en numerosas ocasiones a la citada web, desde su publicación en 2022. La entidad ha puesto de manifiesto ante los Gobiernos gallego y nacional que se haya financiado con fondos públicos una web que contiene información falsa, sin contrastar y que puede dañar seriamente a la industria minera, ya que simula ser una web oficial del Gobierno, tanto por su imagen como por su denominación», continúa indicando la COMG.
«A día de hoy, la COMG no ha podido obtener el acceso al expediente de la subvención, pese a haber solicitado esta información por todas las vías administrativas ante el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030».
Desde la Cámara explican que «el pasado 6 de septiembre un grupo de presuntos activistas, en nombre de Ecologistas en Acción, irrumpieron de manera violenta e intimidante en las oficinas de la Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG) en A Coruña, a la fuerza mediante el engaño y grabando sin autorización a la directora de la entidad y a las trabajadoras que se encontraban en ese momento en la sede. La directora, ante el asalto a su despacho y la negativa de los individuos a dialogar, tuvo que llamar a la Policía Nacional, que se personó para la identificación y desalojo el grupo. Durante el incidente, el grupo se negó a detener su grabación a las trabajadoras, mientras las intimidaba e instaba a beber agua que supuestamente procedía de los vertidos de dos minas de Galicia», concluyen.