Solo el PSOE votó en contra de la propuesta transaccional, alegando que es el momento de que «la empresa plantee soluciones coordinadas con las Administraciones»
11 abr 2024 . Actualizado a las 16:34 h.El Congreso ha aprobado este jueves a instancias del BNG y del PP una iniciativa que insta al Gobierno de España a adoptar las actuaciones necesarias para garantizar la continuidad de la producción del aluminio en San Cibrao, incluida la intervención pública de Alcoa. Solo el PSOE votó en contra de la proposición transaccional, alegando que es «el momento de que la empresa plantee soluciones coordinadas con las Administraciones».
El representante del Bloque, Néstor Rego, defendió la proposición no de ley (PNL) recordando que, en el 2021, ya había reivindicado la intervención de la empresa. Tres años después, y con la «ameaza de peche» por parte de Alcoa sobrevolando San Cibrao, el diputado del BNG recordó que la pérdida de la actividad industrial «sería un desastre para A Mariña y para Galicia, un país pouco industrializado, o peche da fábrica, pero tamén para España, porque é a única factoría dun sector estratéxico como o aluminio primario».
Así, reclamó como «máis que razonable» exigir al Estado «unha intervención pública, aínda que sexa instrumental, a través da SEPI para logo atopar un comprador solvente e cun proxecto de futuro», recordando que «é posible e xa se ten feito, pois entrou no accionariado de Celsa Atlantic e de Telefónica, e o Executivo italiano vén de nacionalizar ArcelorMittal».
Ante la propuesta del Bloque, que incluía también medidas a favor de la industria electrointensiva, presentaron enmiendas PSOE, Vox y PP. Finalmente, nacionalistas y populares acordaron los términos de la proposición, que obtuvo el acuerdo mayoritario de la Cámara Baja. El Congreso insta así al Gobierno a modificar el estatuto del consumidor electrointensivo y crear la figura de las empresas hiperelectrointensivas. También a «Garantir a máxima compensación por CO2 permitida por Europa, artellar unha interrumpibilidade que aproveite a capacidade destas industrias para funcionar como colchón nos picos de consumo ou que se reduzan as peaxes na factura eléctrica», señaló Rego.
Otro punto que se ha aprobado es el de mantener la bonificación de peajes del 80% a la industria electrointensiva con carácter permanente. Una petición que dista de la original del BNG, que apostaba directamente por eliminar de la factura eléctrica los costes de peajes y cargos asociados al transporte.
La PNL incluye un apartado para exigir al Ejecutivo agilizar los trámites necesarios para garantizar «cuanto antes» la efectividad de los contratos de compraventa de energía (PPAs) para el complejo industrial de San Cibrao que Alcoa suscribió con las empresas eléctricas.
Asimismo, se exige a Alcoa el cumplimiento de los compromisos e inversiones previstos en 2023, como la construcción del horno de ánodos, continuando con su ejecución independientemente de que se esté comenzando un proceso de venta de la planta.
El diputado de Vox José María Figaredo negó que la nacionalización sea la solución al conflicto en Alcoa y en las otras empresas, y abogó por «reformar el sistema de generación, transporte y red eléctrica, y dar facilidades para que la industria pueda acceder a los recursos que necesita y no sea deficitaria».
El diputado del PP, Jaime de Olano, aseguró que Alcoa es «un ejemplo más» de «las consecuencias de la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez». El representante del partido conservador afeó a los socialistas que voten «una cosa en Galicia y otra en Madrid», en relación con las propuestas aprobadas por el Parlamento de Galicia. «¿No son ustedes conscientes de que estamos aquí por su inacción y de que si seguimos igual, Alcoa desaparecerá de San Cibrao y nadie querrá comprarla?», preguntó.
La diputada Noelia Cobos tomó la palabra por el PSOE. En su exposición defendió las actuaciones del Gobierno realizadas desde que Alcoa comenzó a poner en cuestión la viabilidad y el futuro de la planta de San Cibrao, y las ayudas públicas ofrecidas a la industria electrointensiva, y señaló que no es el momento de hablar de intervención pública, puesto que «toca que la empresa deje de marear la perdiz y plantee soluciones coordinadas con las Administraciones».
Desde Sumar, Manolo Lago puso el foco sobre el Gobierno, ya que «O Estado ten que ser o aval e a garantía de que se manteña a industria do aluminio na Mariña. Nin Lugo, nin Galicia nin España poden perder un activo fundamental», argumentó.