La Ley de Bienestar Animal entró en vigor en septiembre de 2023 con la intención de mejorar la protección de los animales en España. Sin embargo, año y medio después, la realidad evidencia una alarmante falta de aplicación y control.
En redes sociales siguen proliferando anuncios de particulares que, sin estar registrados como criadores oficiales, ofrecen camadas de cachorros como si fueran meros objetos. Los clásicos mensajes de "se regalan cachorros" siguen inundando internet, reflejando la falta de conciencia y de supervisión por parte de las autoridades.
Más grave aún es la actitud de algunos ayuntamientos, que incumplen flagrantemente la ley y hablo por casos recientes acontecidos en A Mariña y el Occidente de Asturias: no recogen a los animales abandonados en sus municipios, no aplican el método CER (captura, esterilización y retorno) y, en el mejor de los casos, se limitan a recogerlos sin evitar su reproducción descontrolada. En el peor, incluso llegan a abandonar animales en municipios vecinos.
Todo esto es un secreto a voces, sin que se tenga noticia de sanciones ejemplares.
Este escenario refleja la brecha entre la teoría y la práctica. Una ley puede ser ambiciosa y bienintencionada, pero si no hay mecanismos de supervisión efectivos ni voluntad real de aplicarla, su impacto es mínimo. La permisividad con el comercio ilegal de animales, el abandono y la cría descontrolada deja claro que la normativa no está teniendo el efecto esperado.
A esta falta de control se suma la controversia del Real Decreto 666/2023, que limita la capacidad de los veterinarios para ejercer su profesión con criterio y ética. En situaciones donde un animal sufre y su vida está en peligro, el veterinario debería tener la potestad de actuar sin trabas burocráticas. Sin embargo, este decreto impone restricciones que dificultan decisiones médicas necesarias, generando un conflicto entre la legislación y el deber profesional de velar por el bienestar de los animales.
En resumen, la Ley de Bienestar Animal y el RD 666/2023 parecen más una declaración de intenciones que una herramienta efectiva de protección animal. Mientras no se refuercen los mecanismos de control, se apliquen sanciones reales y se permita a los veterinarios actuar con coherencia, los problemas persistirán. Es hora de que las autoridades dejen de mirar hacia otro lado y garanticen que las leyes se cumplan de verdad.
Si bien, aún quedan muchas áreas por mejorar, queremos agradecer al Concello de Ribadeo su implicación y compromiso.