La Xunta gana la querella más cuantiosa que quedaba en Barreiros, de 13 millones
BARREIROS
Todas las demandas millonarias de constructores han sido desestimadas en el TSXG
05 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La demanda presentada por el Grupo Empresarial Melide contra la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras reclamando una indemnización por obras suyas que se vieron paralizadas en Barreiros por la intervención de la Xunta en el urbanismo en el año 2007 era la más cuantiosa y también ha sido la que más se ha demorado.
Una tras otra, todas las demandas millonarias de más de una decena de promotores habían sido desestimadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), pero esta se hacía esperar, lo que alentaba las especulaciones, dada la complejidad del caso. El Grupo Empresarial Melide pedía 13.610.997 euros por no haber podido ejecutar sus proyectos en dos fincas de Remior, una de suelo urbano de 9.000 metros cuadrados y otra de suelo urbanizable de 33.931 metros. Finalmente, el TSXG ha desestimado el recurso, imponiéndole además las costas del proceso (1.500 euros como en todos los demás casos).
El fallo no es definitivo y se puede recurrir, tal y como han hecho otros promotores.
En esencia, lo que concluye el tribunal es que para ejecutar estos proyectos urbanísticos ni existía licencia de obra ni se había aprobado definitivamente el plan de sectorización, por lo que no se puede considerar que el aprovechamiento urbanístico esté consolidado y, por lo tanto, se tenga que indemnizar ni el derecho a edificar ni a ventas realizadas (sobre plano, se entiende) que finalmente no se consumaron.
En consonancia con otras sentencias, el TSXG también dice que la anulación de las normas subsidiarias de Barreiros en 2007 ni las normas provisionales que se impusieron fueron las causantes de que este plan de sectorización no se hubiese aprobado definitivamente ni de que Parque Empresarial Melide hubiese solicitado la licencia.
La intervención de la Xunta de Galicia en 2007 en Barreiros fue anulada en 2014 por el Tribunal Supremo, pero para entonces la mayoría de proyectos ya habían quedado en nada porque los bancos dejaron de financiarlos de forma radical.
Por eso en 2015 varios promotores presentaron una veintena de demandas reclamando indemnizaciones, que el TSXG entiende no corresponden.