Evitan la cárcel pese a defraudar 186.000 euros a la Seguridad Social con un cámping de Barreiros
BARREIROS
Uno de los acusados, empleado de mantenimiento, actuó de «hombre de paja» para que los otros dos pudiesen eludir sus responsabilidades fiscales, mientras los dueños figuraban como trabajadores y cobraron fraudulentamente el paro
16 oct 2024 . Actualizado a las 14:23 h.Fiscalía y la defensa de tres personas, dos hombres y una mujer, gestores de un cámping en el término municipal de Barreiros, llegaron a un acuerdo de conformidad por el que los acusados admiten haber defraudado 186.000 euros a la Seguridad Social, evitando a cambio la pena de cárcel solicitada.
Según el Ministerio Fiscal, la mercantil Definiclas, S. L., con domicilio social en Ribadeo y teniendo su actividad en la playa de Benquerencia (Barreiros), dejó desde agosto del 2013 de abonar el ingreso de la cuota correspondiente a la aportación de los trabajadores, y también la cuota empresarial a la Seguridad Social. La deuda acumulada entre 2015 y 2018 fue de 72.486 euros.
La acusación se dirigía contra tres personas. Una de ellas, J (nombre ficticio con el que aparecía en el escrito de acusación), el administrador único de la empresa desde diciembre del 2012. Los otros dos encausados eran R y M, también identificados con nombre falso, pareja que ostentaba la firma desde el 1999 y que en el 2013 vendió además sus participaciones sobre la mercantil al otro acusado.
La Fiscalía señalaba que «la explotación del cámping, a pesar de que su administrador de derecho era el acusado J, se realizaba por los otros dos acusados, que en la práctica eran los administradores de hecho y propietarios de explotación del establecimiento». La pareja tenía «el control previo de la sociedad y colocó a J como hombre de paja, puesto que era un mero empleado de los dos anteriores, que realizaba tareas de mantenimiento en dicho cámping», exponía el Ministerio Fiscal.
Fue cuando se produjo el aparente relevo cuando la sociedad comenzó a acumular deuda con la Seguridad Social, dejando de pagar y «ocultando la realidad de la administración y titularidad efectiva de la mercantil (…) con el fin de eludir el pago de sus responsabilidades empresariales y obtener beneficios patrimonialmente ilícitos». La Fiscalía resaltaba que este comportamiento se dio de forma idéntica con otra empresa, Ferquejo S. L. El perjuicio económico causado a la Seguridad Social fue cuantificado en 186.264 euros.
Además, los acusados R y M figuraban dados de alta como trabajadores por cuenta ajena de Definiclas y Ferquejo, «utilizando esta maniobra para cobrar prestaciones por desempleo de forma indebida, al ser ellos los que tenían la dirección de estas sociedades». Entre 2013 y 2019, R cobró 14.930 euros, y M percibió, entre 2012 y 2019, 14.811 euros.
M afrontaba cuatro años de cárcel y una multa de 294.000 euros; R, tres años de prisión y sanción económica de 170.000 euros; y J, doce meses de encarcelamiento y multa de 170.000 euros. Además, se solicitaba una indemnización conjunta y solidaria por 186.000 euros y la devolución de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas.
En julio pasado, los acusados consignaron antes del juicio la cantidad de 10.000 euros, 83.834 euros en materia de responsabilidad civil a abonar a la Seguridad Social, por parte de M, y 8.082 euros a entregar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por parte de la encausada.
Por conformidad de las partes, y una vez admitidos los hechos por parte de los acusados, el Juzgado de lo Penal 1 de Lugo condena a M y R por sendos delitos contra la Seguridad Social, con penas acumuladas de un año y seis meses de prisión, multa de 55.648 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 1.000 euros impagados, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de incentivos fiscales durante el plazo de seis años.
A J se le condena por otro delito contra la Seguridad Social, con una pena de seis meses de cárcel. Tampoco podrá optar a subvenciones o beneficios fiscales, en este caso en el plazo de tres años.
Las penas de prisión de los tres acusados quedan suspendidas durante dos años a condición de que no vuelvan a delinquir y, en el caso de R y M, también a que abonen las cantidades que adeudan.
En el ámbito civil, tras haber ingresado el dinero anteriormente mencionado, la acusada deberá devolver al SEPE los 6.848 euros restantes. R tendrá también que reintegrar lo percibido fraudulentamente como prestación de desempleo. Además, se les impone a los condenados un tercio de las costas procesales, en una sentencia que ya es de carácter firme.