La UE pretende marcar como criterio mínimo un tráfico de tres millones de toneladas anuales La Autoridad Portuaria de Vilagarcía alcanzó el año pasado un récord histórico: superar el millón de toneladas de mercancías. Sin embargo, todos los esfuerzos parecen pocos para la Unión Europea. La comisaria española Loyola de Palacio anunció esta misma semana, en Santiago, una medida que podría perjudicar gravemente a la rada arousana: la modificación de la directiva de la UE sobre la red transeuropea de transportes. Su objetivo es marcar como criterio un tráfico de tres millones de toneladas anuales. Algo imposible de lograr para el Puerto, que incluso podría perder la categoría de interés general.
26 ene 2001 . Actualizado a las 06:00 h.SERXIO GONZÁLEZ VILAGARCÍA La nueva directiva para la regulación de los puertos europeos fue anunciada en febrero del año pasado. Según Loyola de Palacio, su entrada en vigor es inminente. Desde que se conoció su existencia, todos los esfuerzos de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía se centraron en el cumplimiento de sus directrices. Sin embargo, pocos esperaban el nivel de exigencia que esta semana desveló en Santiago la comisaria española. El objetivo de la UE parece claro: apostar por los puertos de gran entidad frente a las radas medianas y pequeñas, a fin de concentrar y rentabilizar cualquier inversión económica. El primer resultado se dejaría ver en la red transeuropea de transporte. Los criterios mínimos que, según Loyola, fijará la directiva europea para los puertos de categoría A son inalcanzables para Vilagarcía: tres millones de toneladas anuales, o bien un tráfico de medio millón de pasajeros. Gracias al récord del 2000, la rada arousana cumple los requisitos que todavía están en vigor, sensiblemente inferiores: un millón de toneladas de mercancías o 200.000 pasajeros. Por ello, será dada de alta en la red transeuropea este mismo año. Sin embargo, de prosperar el anuncio de la UE, perdería esta posición en el 2002. Pero más grave sería otra consecuencia: el Puerto podría llegar a perder la categoría de interés general. No obstante, la medida todavía no es firme y cuenta con la oposición del Ministerio de Fomento.