El PSOE se apoya en el BNG y Alves para dar continuidad al contrato de basuras

Tras debatir y aprobar, por unanimidad, una moción encaminada a defender la igualdad real de derechos del colectivo LGTBI+, los ediles que conforman la corporación municipal de Vilagarcía navegaron ayer, durante horas, entre un mar de números. Hasta cuatro asuntos relacionados con cuestiones de ingeniería contable se encadenaron antes de llegar al asunto de más enjundia que se iba a debatir: la continuidad del contrato de basuras toda vez que el actual expira el dos de julio, tras agotar los tres años de prórroga aprobados en 2015 por el gobierno de Tomás Fole.

Aseguraba ayer el gobierno local, por boca de su portavoz, Tania García, que el ejecutivo lleva desde 2016 preparando los pliegos «máis complexos» de cuantos se gestionan en un ayuntamiento. A fin de cuentas, hablamos de un servicio que le cuesta a las arcas municipales casi tres millones de euros al año. Sin embargo, pese a que hace dos años se empezó a trabajar en este asunto, tanto con los técnicos municipales como con una asistencia técnica externa contratada a través del Eixo Atlántico, no se ha llegado a tiempo. Entre otras cosas, apuntó, porque en medio del proceso se produjo un cambio normativo que obligó a rehacer buena parte del camino andado. Ahora, insistió García, el procedimiento está muy avanzado. Pero hace falta tiempo para completarlo, igual que hace falta tiempo para tomar algunas decisiones que aún están pendientes, e igual que hará falta tiempo para que se ponga en marcha la nueva etapa que está por venir.

Así que, tiempo era, precisamente, lo que ayer pedía al resto de grupos de la corporación: que se autorizase la continuidad del contrato en vigor. La petición salió adelante gracias a que a los votos del gobierno se sumaron los de Alves y los dos ediles del BNG. Uno y los otros justificaron su apoyo en la situación de excepcionalidad en la que nos hallamos, y en la urgencia de garantizar que el servicio no se va a interrumpir.

De todas formas, en sus argumentaciones tanto el concejal no adscrito como los nacionalistas se reivindicaron como defensores de la remunicipalización del servicio, y pidieron al gobierno local que tuviese en cuenta esa posibilidad. Iban a coincidir, en este punto, con los ediles de Somos y de Esquerda Unida. El portavoz de esta última, Suso López, aseguró que su grupo apoyaría la propuesta del gobierno de dar continuidad al actual contrato hasta que se estuviese en condiciones de recuperar su gestión para el ayuntamiento. No fue así y tanto Somos como EU se abstuvieron en la votación final. De hecho, el gobierno central obvió la reivindicación de un servicio de recogida de basuras y limpieza público en sus intervenciones. En su segundo turno de intervención, Tania García se centró en el Partido Popular, que a través de Jesús Longa había intentando hacer una defensa de la gestión del servicio realizada por el gobierno de Fole, alegando a que «collemos este concello feito unha puñetera ruína», lo que habría limitado su capacidad de acción. Y había apuntado, también, que «a maquinaria está pedindo papas dende hai moito tempo».

Sus palabras fueron recogidas tanto por García como por Alberto Varela, que acusó a los populares de, en 2015, prorrogar el contrato por tres años, «dando unha patada para adiante e que o que viñera despois, resolvese a situación. Nós farémolo», dijo el alcalde. Y, tras eso, se votó. PSOE, BNG y Alves lo hicieron a favor. PP, EU y Somos se abstuvieron.

 

A vueltas con el «Vilagarcía Avanza»

En el pleno se debatieron dos cuestiones relacionadas con los 5 millones de fondos Feder. Europa ha recomendado reagrupar las 36 líneas de actuación en tan solo 20, a fin de agilizar procedimientos. De nuevo, el PSOE contó con el apoyo de BNG y Alves, al entender estos grupos que se trataba de un simple trámite. Somos, EU y PP se abstuvieron. Y es que, aunque no están dispuestos a que Vilagarcía pierda los cinco millones de inversión, no están conformes con como se está gestionando ese plan. Y es que, dicen, carecen información, no se les ha permitido participar en la toma de decisiones y, además, el grado de ejecución es mínimo, como si se quisiese concentrar en el año 2019, año electoral.

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