Las nuevas estrategias disuasorias y el teléfono de denuncias explican ese descenso
23 may 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La Xunta ya tiene preparado el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) para este verano, que fue presentado ayer por el presidente Alberto Núñez Feijoo tras la reunión del Consello de la Xunta y que será remitido, probablemente a partir de la semana que viene, al Consello Forestal. Aunque este es el modus operandi habitual, la posición de este organismo consultivo no es vinculante.
La principal novedad del nuevo plan para hacer frente a la temporada de incendios es que reducen de 71 a 28 las denominadas parroquias de alta actividad incendiaria (PAAI), las que registran una mayor incidencia de fuegos y son a la vez más vulnerables. Parece que poner el foco en estos territorios -a raíz de la ley de montes del 2012- ha dado muy buenos resultados, pues esta reducción del 60 % es la primera vez que se produce. Sin ir más lejos, el año pasado solo seis parroquias abandonaron el listado. Para dejarlo, las que estaban en la lista por número de incendios deberían tener durante dos años un número igual o inferior a la media de fuegos por parroquia en Galicia. Las que lo hacían por la virulencia de los episodios incendiarios, deberían tener durante dos años una superficie media por incendio igual o inferior a tres hectáreas.
En cualquier caso, las 43 parroquias que dejan de estar en esta categoría -en realidad hay que añadir otras tres- lo hicieron porque su actividad incendiaria se redujo sensiblemente, por el efecto disuasorio de estar en el listado, una mayor vigilancia a la que se incorporaron también los drones, y el efecto positivo que ha tenido el teléfono para denunciar actos incendiarios, explican fuentes de Medio Rural. Este número gratuito (900 815 085) garantiza en todo momento el anonimato del denunciante, algo muy importante en parroquias rurales donde todo el mundo se conoce y donde existe el temor a represalias. Este instrumento, en colaboración con las fuerzas policiales, permite «recoller información clave e necesaria para activar as debidas liñas policiais de investigación, co fin de acadar maiores cotas de eficacia na detección e posta a disposición xudicial dos presuntos incendiarios», se asegura en el Pladiga de este año, que aún puede sufrir alguna modificación hasta que sea definitivamente aprobado.
Este año se incorporan tres parroquias, una del criterio 1 (número de incendios) y dos del criterio 2 (virulencia), que ya habían estado incluidas en listados anteriores. Son Ribasieira (Porto do Son); Soutipedre (Manzaneda) y Castiñeira (Vilariño de Conso). Las 46 parroquias que salen de esta clasificación son todas del criterio 2. El sistema prevé que se vuelva a estar en la lista si los parámetros utilizados así lo recomiendan. Así, es curioso que salgan parroquias como Palmeira (Ribeira) y, sin embargo, la cabecera del concello, muy próxima, permanece entre los territorios con más actividad incendiaria.
No obstante, el Pladiga llama la atención sobre las parroquias que continúan en el grupo de las de alta actividad incendiaria. «As que quedan no listado, incluso despois de dous anos seguidos con bos datos no resto do territorio, requirirán dunha atención especial pola súa utilización do lume, que provoca unha acción incendiaria moi significativa», se explica en el plan.
El Pladiga, que este año incluye por primera vez un plan de prevención que actuará en más de 46.000 hectáreas, incorpora además novedades tecnológicas, como la visualización actualizada de imágenes vía satélite. Y los agentes forestales que trabajan sobre el terreno tendrán toda la información actualizada, en tiempo real, en sus tabletas.
El Pladiga mantiene una plantilla de 7.000 personas y aumenta en dos las aeronaves
El Pladiga, el diseño para hacer frente a la temporada de incendios, incluye este año la adquisición de dos nuevos aviones, por lo que la flota aérea destinada a la extinción en la comunidad sumará 28 aeronaves, entre aviones y helicópteros. Diecisiete de ellos pertenecen al Gobierno central, mientras que el resto son propiedad del autonómico. También se aumentará en diez el número de drones destinados a la vigilancia y la disuasión, pero también al apoyo de las labores de extinción. Se han adquirido once nuevas motobombas y se cederán cinco de ellas a los ayuntamientos.
En cuanto a la plantilla, se mantienen las algo más de 7.000 personas que colaboran en el dispositivo, con la diferencia que deberán adaptar su trabajo a la emergencia sanitaria. Un buen número de ellos participaron estas últimas semanas de forma voluntaria durante el confinamiento en 6.000 desinfecciones en, por ejemplo, los exteriores de los centros de salud, residencias de mayores e instalaciones clave.
Contratos más largos
La diferencia este año es el aumento a seis meses de la contratación de más de 1.000 trabajadores temporales fijos-discontinuos para estas tareas de extinción. Hasta ahora estos contratos eran de cinco meses y muchos de estos trabajadores solo estaban contratados por tres. Medio Rural quiere avanzar en que se logre progresivamente una mayor estabilidad laboral en el servicio antiincendios.
