Los 51 millones de inversión prometidos en el 2017 ahora se quedan en tan solo 14
09 jun 2019 . Actualizado a las 05:00 h.A principios de diciembre de 1992, el empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir afirmaba desde un hotel de Corcubión, después de firmar en Madrid la compra de Carburos Metálicos por 17.923 millones de pesetas, que «todo el personal contratado seguiría en sus puestos». También reconocía -a regañadientes porque peleó lo posible por lo contrario- que «los dos negocios seguirán unidos», en referencia a fábricas y centrales.
Sin embargo ahora, 27 años después, con Ferroatlántica en el momento probablemente más crítico de su historia reciente, aunque se mantenga lo segundo, lo primero es imposible. Más que nada porque ya no existen esos puestos de trabajo en Cee, Dumbría y las centrales hidroeléctricas. Los empleos directos, según los datos ofrecidos por los propios sindicatos, son 294, cuando en el momento de la compra eran 525 (705 en el conjunto de Galicia). Se han perdido, por tanto, por el camino un 44 % de ellos, en medio de un estruendoso silencio social, político y sindical.
Las fábricas, apoyadas en las centrales, salieron de una situación ruinosa y, con algún bache de mercado como el del ERE del 2009, empezaron a generar dinero, mucho dinero, que se tradujo en ingresos para la empresa, los trabajadores y suculentas ayudas a los concellos y a más de un centenar de entidades sociales y deportivas de la comarca.
Todo el mundo callaba y, en ese período, según fuentes conocedoras de la situación -que no son datos oficiales de la compañía- los negocios de la Costa da Morte le habrían reportado a la compañía unos 2.000 millones, 600 solo de las centrales. Sin embargo, el crecimiento de la empresa, antes ya de unirse a Globe para formar Ferroglobe, se produjo en Francia, Venezuela o Sudáfrica, en ocasiones con las aportaciones de conocimiento técnico obtenido en la comarca. El famoso horno 23 de Dumbría nunca se hizo realidad y la pelea por su construcción decayó.
Actualmente, con la empresa encabezada por Javier López Madrid, decidida a que tiene que vender las centrales sí o sí, por cuestiones de supervivencia económica, las condiciones para la Costa da Morte no parecen mejorar. En el año 2017, con un fondo canadiense como comprador solo de las hidroeléctricas, la promesa para la zona era de 51 millones de euros: 20 para el ansiado horno nuevo de ferrosilicio de Dumbría, siete para la planta de sinterización de Brens, nueve para la de carbón vegetal... con 99 nuevos empleos directos nuevos. Ahora, al margen del grado de credibilidad que tuviese aquello, que ni siquiera se exploró en serio, la oferta, vendiendo fábricas y centrales, son 14 millones para Cee y Dumbría en cinco años.
Juan Villar, de la CGT, insiste en la necesidad de dialogar y rechaza acusaciones
Juan Villar, representante de la CGT en el comité de empresa de Ferroatlántica de Cee-Dumbría y las centrales hidroeléctricas insiste en la necesidad de hablar con todos los actores implicados en el proceso, porque entiende que está en juego no solo el futuro inmediato, y no tan inmediato de los trabajadores, sino el de la comarca en sí, por el efecto arrastre que puede tener sobre la zona el declive de Ferroatlántica.
«Eu o único que dixen, e sígoo mantendo é que hai que falar, dialogar. É a miña opinión», afirma Villar, que entiende que se le está acusando injustamente a nivel interno de ser «o interlocutor da empresa», por dar a conocer unos datos, los de la oferta que hace la compañía, que les trasladaron a todos en la reunión y no a él en exclusiva. De ahí que rechace de plano esas acusaciones, al tiempo que considera que hay gente, que más que centrarse en la solución del problema, parece que está pensando en las elecciones sindicales.
Obligada a readmitir al trabajador Ramos
El Juzgado de lo Social Número 3 de A Coruña viene de dictar una sentencia por la que obliga a Ferroatlántica a readmitir en su puesto e indemnizar al trabajador José Ramón Ramos, despedido a raíz de unos cometarios realizados en su Facebook durante la negociación del convenio colectivo. Entiende que se vulneró su libertad de expresión. La CIG, el sindicato por el que Ramos fue miembro del comité de empresa y que lo defendió con manifestaciones, cree que la justicia le da un palo a la empresa en su estrategia de amedrentamiento.