La jueza de la Orquesta únicamente ve «irregularidades» en el caso de Fisterra
CORCUBIÓN
La Fiscalía pide inhabilitación e incluso cárcel para el exalcalde corcubionés
17 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Las elevadas penas solicitadas por la Fiscalía para los imputados de Cee en el caso derivado de la operación Orquesta, especialmente para el alcalde, Ramón Vigo, contrastan con lo requerido por el ministerio público y dictaminado por la instructora, en lo relativo al Concello de Fisterra, donde políticos, funcionarios, técnicos y empresarios quedan eximidos de cualquier responsabilidad penal.
Entiende la jueza María Purificación Prieto Picos, en base a la calificación que hace la Fiscalía, que no concurren «indicios suficientes para formular acusación contra ellos» por la «intrascendencia penal de las conversaciones telefónicas recabadas en el curso de la investigación, las cuáles no permiten dar fuerza a la conjetura de qué cantidades de dinero fuesen destinadas al alcalde o algún miembro de la corporación de Fisterra a cambio de la adjudicación de alguna obra». Lo recabado no constituye por tanto «un conjunto suficiente de indicios capaces de destruir la presunción de inocencia que ampara a los investigados.
Lo que advierte la instructora, en referencia a lo propuesto por el ministerio público, es que el análisis de los expedientes intervenidos en el Concello de Fisterra «únicamente permiten constatar irregularidades en la documentación que podrán ser constitutivas de ilegalidades administrativas», pero se trata de algo que queda fuera del ámbito penal, aunque se pudiese perseguir por otras vías.
En cambio, en el caso de Corcubión solo quedan exculpados el constructor Daniel Ogando padre, cuya imputación queda provisionalmente sobreseída y archivada, así como el también empresario Francisco José Casal Mouzo, a quien no se le ha imputado «ninguno de los hechos descritos en el auto», por lo que «no ha lugar a la apertura de juicio oral» en su contra.
Sin embargo, para el exalcalde, Francisco Javier Lema Fuentes, ya apartado de la política, la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por un delito de prevaricación y dos años y nueve meses de prisión, en caso de que se aprecie delito de fraude a la Administración local, lo que también llevaría aparejados ocho años de inhabilitación: un asunto que no resulta menor dado que Lema Fuentes es funcionario público de la Xunta.
Para los empresarios Daniel Ogando hijo, Yoni Tuñas Nieto, su padre Liño Tuñas Garabal y Francisco Casal Méndez, el ministerio público solicita seis años de inhabilitación como cooperadores necesarios en un delito de prevaricación. Al igual que en el caso del exalcalde, si se interpretan los hechos como un delito de fraude a la Administración local, Ogando se enfrentaría a una petición de dos años y nueve meses de cárcel y el resto a seis meses.
Al contrario de lo ocurrido en Cee, en el que entrará a conocer la Audiencia Provincial de A Coruña, el asunto de Corcubión se dirimirá en los Juzgados de lo Penal, ya que ninguna de las condenas que se solicitan para los implicados supera los cinco años de prisión. Eso implica que, a partir de este momento, la causa ya no tiene por qué seguir los mismos plazos que la de Cee y, según abogados acostumbrados a trabajar en este ámbito, es probable que la fijación de la fecha de juicio se dilate más, dado el abultado número de asuntos que reciben estos juzgados coruñeses.
En cualquier caso, la situación procesal de Lema Fuentes es la que más sorprende a todos los consultados, porque si daban por hecho que alguien iba a quedar fuera de esta causa ese era el exalcalde corcubionés. Él únicamente pidió respeto como la persona particular que es en este momento.