Será juzgado a partir del lunes en A Coruña
16 ene 2020 . Actualizado a las 15:59 h.El secretario municipal del Concello de Fisterra, José Ramón Lema Fuentes, que ya estuvo imputado en la operación Orquesta aunque salió absuelto como todos los demás implicados, se sentará a partir del lunes en el banquillo de los acusados de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. Tendrá que responder por un presunto delito de malversación por el que la Fiscalía le pide seis años de cárcel, además de inhabilitación durante otros 10.
Según el ministerio público, Lema Fuentes, secretario de Fisterra desde el año 1983, estuvo durante dos años, entre enero del 2011 y diciembre del 2021, asignándose dinero del Concello que no le correspondía e ingresándolo en su cuenta. En concreto 26.013,26 euros.
Siempre según la acusación, «el investigado manipuló y alteró sus propias nóminas así como las órdenes de pago de las mismas -siempre estas últimas tras presentarlas a la firma del alcalde y tesorero del Concello- sustituyendo en las primeras las fechas de expedición originales por otras fechas ficticias e insertando anotaciones manuscritas con numerosas abreviaturas y cantidades que más tarde justificaría en las órdenes de pago por partidas tales como ‘nómina’, ‘compensación de vacaciones’, ‘gratificaciones’ o ‘anticipos’, a sabiendas de que los citados conceptos o bien no le correspondían o bien eran obtenidos por el investigado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido para ello». De esta forma, «las cantidades detraídas le iban siendo ingresadas al investigado en la cuenta bancaria de la que resultaba ser titular».
Por esos hechos fue detenido el 5 de noviembre del 2013, aunque quedó en libertar con cargos al día siguiente, después de declarar en los Juzgados de Corcubión.
Aproximadamente un año antes, el entonces alcalde, José Manuel Traba, había detectado irregularidades en las cuentas y lo comunicó a la Guardia Civil.
Ahora Lema Fuentes será juzgado por el procedimiento del Tribunal del Jurado entre el lunes y el jueves. Está acusado de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por autoridad o funcionario público en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos. Por ello, la Fiscalía, además de los seis años de cárcel, le pide inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público, ya sea relacionado con su función de secretario-interventor «o cualquier otro que tenga como fin el manejo de caudales pertenecientes a una Administración pública por tiempo de 10 años».