Los populares acusan al Gobierno de atacar y coaccionar al Tribunal Supremo para que cierre la causa contra Garzón
A CORUÑA
El proceso iniciado en el Tribunal Supremo para juzgar al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un delito de prevaricación en el marco de una investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo ha desembocado en el mayor enfrentamiento político de la legislatura entre el PSOE y el PP. Ayer, los populares acusaron directamente al Gobierno de tratar de coaccionar al Supremo para que cierre de inmediato la causa contra Garzón. Y lejos de amainar, la tormenta crece, dado que tanto socialistas como populares consideran que el asunto puede beneficiarles electoralmente.
Dos estrategias políticas
Los socialistas intuyen que el hecho de que las denuncias contra Garzón partan de grupos ultraderechistas y que se tramiten cuando el caso Gürtel entra en su fase decisiva servirá para ligar al PP con la ultraderecha y el franquismo. Los populares opinan, por el contrario, que el empeño del Gobierno en amparar las manifestaciones en favor de un juez acusado de prevaricación y en no censurar los ataques que está sufriendo el Supremo evidencian ante la opinión pública el intento del Ejecutivo de presionar al poder judicial. Unas estrategias que se repiten y se refuerzan en el debate del Estatuto de Cataluña.
La manifestación del sábado en apoyo a Garzón aumentó la crispación. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, calificó de radical esa manifestación, que a su juicio tenía como objetivo «coaccionar y limitar la capacidad de decisión» del tribunal, y reclamó la Gobierno que deje de «atacar» al Supremo. «Cuando desde el Gobierno, como está haciendo Zapatero y sus ministros, se ataca a instituciones neutrales como el Supremo, se causa un daño en la democracia que tarda tiempo en cicatrizar», aseguró el portavoz del PP.
«En las manifestaciones en apoyo a Garzón se exhibieron banderas y lemas que pretenden un cambio de modelo de Estado y creo que eso es una conducta claramente radical», explicó González Pons en referencia a las banderas republicanas. La presidenta del Parlamento vasco, la popular Arantza Quiroga, fue más lejos y animó a los jóvenes a «rebelarse» contra aquellos que quieren «trasladar todo el odio y el rencor» que llevan dentro, en referencia a los manifestantes.
La respuesta al PP llegó de manos de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, que afirmó que lo que dicen los populares «además de ser extraordinariamente grave, denota que algunos de los dirigentes no deben vivir en el país en el que vivimos la mayoría». «Después de 30 años de sólida democracia por la que hemos luchado -algunos, por cierto, dejándose la vida-, les puedo asegurar que nuestra democracia goza de muy buena salud incluso a pesar de los ataques que la derecha española y dirigentes del PP están haciendo a fiscales, a policía y a los jueces».
Por su parte, la portavoz del Consejo del Poder Judicial, Gabriela Bravo, pidió respeto para las decisiones de los jueces, según Efe. Indicó que los ciudadanos tienen derecho a expresarse con libertad, si bien debe guardarse un respeto al Supremo como «órgano que está en la cúspide del poder judicial».