La Fiscalía ve indicios de prevaricación del gobierno local de A Coruña en el contrato de la cárcel
A CORUÑA
Denuncia que pudo haber más interés en adjudicarlo a Proxecto Cárcere que en cumplir la ley
02 oct 2018 . Actualizado a las 10:28 h.La Fiscalía Provincial aprecia indicios de un delito de prevaricación en la actuación llevada a cabo por el gobierno local de A Coruña en la adjudicación del contrato para la cesión de uso de la antigua prisión provincial a Proxecto Cárcere. Presenta escrito de denuncia contra la resolución firmado por la edila de Participación, Claudia Delso.
La Fiscalía actuó a instancias del PP, que denunció el caso tras negar reiteradamente el gobierno de la Marea cualquier irregularidad en el concurso público. Del análisis de los datos aportados, el fiscal concluye que puede existir un «posible delito de prevaricación», por lo que trasladó denuncia al juzgado para que investigue en caso en profundidad.
«De la documentación presentada por la denunciante se desprenden determinados elementos de los que puede inferirse, en principio, la prevalencia del interés de ceder el uso del edificio a la asociación Proxecto Cárcere por encima del cumplimiento estricto de la legalidad», dice el fiscal en la diligencia.
Coincidencia de las bases
El PP apuntaba también a posibles delitos de malversación y contra la administración de justicia, pero la Fiscalía los descarta, limitando la denuncia al de prevaricación. Para que exista ese delito, justifica el fiscal, ha de exigirse, «más allá de la ilegalidad, lo que sería controlable por la jurisdicción contenciosa, algo más a considerar, como que la resolución, desde el punto de vista objetivo, no resulte cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos, o sea clasificable como infracción palmaria, patente, evidente, esperpéntica, altamente contradictoria con el claro texto legal».
Admite parte de los argumentos del PP que justificarían la investigación judicial: «La coincidencia de las bases de la convocatoria con el plan de viabilidad de la asociación; el nombramiento para la comisión de valoración de uno de sus fundadores, Miguel Martín Fernández; la inadmisión, sin el informe preceptivo, del recurso de reposición interpuesto por la denunciante por falta de legitimación (...); la permisividad actual por parte de las autoridades municipales de la utilización diaria del edificio, en contra de los términos del convenio de cesión». A esa lista de hechos el fiscal suma otros, como que seis días antes de la firma del contrato «se había adjudicado un proyecto de conservación, por 184.659 euros, que poco tenía que ver con la exigencia de rehabilitación impuesta por el convenio [firmado con Interior, para la cesión temporal del inmueble al Ayuntamiento], como se desprende claramente del informe de fin de obra».
A disposición
Las primeras críticas surgieron en septiembre del año pasado cuando se firmó el acuerdo con la entidad. El gobierno de Xulio Ferreiro siempre insistió en la transparencia del proceso y cargó contra quienes mostraron sus dudas, calificando como «campaña de difamación» las acusaciones sobre irregularidades.
Desde María Pita mostraban ayer en un comunicado su «total colaboración» con la Justicia. «O procedemento tiña como único obxecto recuperar para a cidade unha infraestrutura clave», dijo la edila Claudia Delso, recordando que la cesión «non ten beneficios económicos para a entidade adxudicataria».
El consistorio omitió 35 páginas en el documento que envió al Contencioso
Al proceso penal abierto tras la denuncia del PP por la adjudicación de la cárcel se le suma el administrativo abierto a instancias del mismo partido y por el mismo asunto en el Contencioso.
La Fiscalía apunta que obra en su haber «el expediente administrativo remitido por el Ayuntamiento al juzgado de lo Contencioso, en el que figura el plan de viabilidad incompleto, faltando los folios 19 a 54, en donde se recogen los objetivos y plan de la plataforma y sus componentes».
En ese plan de Proxecto Cárcere, elaborado meses antes del concurso, se basó el gobierno local, según el PP, para hacer unas bases adaptadas a la entidad. En el documento figuraban nombres de concejales y asesores municipales identificados como miembros de la asociación. La Fiscalía cita también esa omisión de datos entre los asuntos que deben ser investigados. En ese listado de personas vinculadas a la Marea y que aparecían como integrantes de Proxecto Cárcere figuraban, entre otros, los ediles Rocío Fraga, Xiao Varela y María García y los asesores Iago Martínez y Natalia Balseiro. La entidad cambiaría después la lista, alegando que no estaba actualizada.