El Consultivo reitera a la Marea que anule la compra de los pisos de su afín

La junta de gobierno local declarará hoy la nulidad de la compra del segundo piso que el Ayuntamiento compró a Toni Lodeiro, un firmante del manifiesto de la Marea al que reconoció su colaboración para impulsar el partido, y que en el 2015 entró a trabajar como consultor del gobierno de Ada Colau en Barcelona en materia de consumo responsable.

El inmueble en cuestión es un tercero en la calle Santander por el que el gobierno local pagó 91.290 euros. La decisión de la junta de gobierno se toma después de que el Consello Consultivo emitiese el pasado día 12 un dictamen en el que ratifica que la compra debe ser anulada. El motivo es que el inmueble incumple las bases del concurso público que el Ayuntamiento convocó para adquirir inmuebles con el fin de dedicarlos a vivienda social.

En concreto, la propiedad carece de los huecos a la vía pública que exigían las bases. En situación similar está el otro inmueble que la Marea compró a su afín. Está ubicado en la calle Joaquín Martín Martínez y fue adquirido a pesar de que no cumplía los requisitos indicados. Se trata de un local comercial situado en un cuarto sin ascensor por el que se pagaron 54.575 euros. No es posible darle uso de vivienda porque no cumple las medidas mínimas que marca la ley. El gobierno local lo adquirió igualmente, y ordenó a la empresa que valoró los inmuebles que lo tasase como si tuviese uso de vivienda.

Ese fue uno de los motivos por los que el Consultivo ordenó anular la compra, pero en el concurso se produjeron otras presuntas irregularidades, denunciadas por los partidos de la oposición, que esa institución no entró a valorar por economía procesal.

Entre otras anomalías, ninguno de los dos inmuebles cumplía con la superficie mínima que requerían las bases, según figura en las escrituras de compra, en actas notariales y en el registro. En el de la calle Joaquín Martín Martínez tampoco los dormitorios alcanzaban las medidas exigidas, según el informe elaborado por los técnicos municipales.

Pese a la resolución municipal, la recuperación del dinero no es segura. El vendedor podría recurrir la decisión en el juzgado e incluso exigir una compensación.

El concurso de compra de vivienda fue el proyecto estrella del gobierno local en el 2017. En el presupuesto de ese año se incluyó una partida de 1,26 millones de euros para adquirir propiedades. Pero solo se lograron comprar seis propiedades por 383.000 euros, y la adquisición de cinco de ellas podría ser nula. 

Sin responsables políticos

Tras conocerse el fallo del concurso, que no se hizo publico hasta después de que ya se hubiese materializado la compra de las viviendas, se empezaron a conocer las irregularidades, que primero el PP y después los otros grupos de la oposición denunciaron en público. Tanto el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, que había impulsado el concurso, como el alcalde, Xulio Ferreiro, hicieron oídos sordos y aseguraron que todo se había hecho de forma correcta, llegando a atribuir las denuncias a una supuesta campaña de difamación.

La oposición, sin embargo, dobló la mano al gobierno en varias comisiones y plenos convocados por el PP, en los que a la vista de las irregularidades se instó al gobierno local a elevar el asunto al Consello Consultivo para anular las compras. En el último momento, la Marea accedió a revisar la adquisición en Joaquín Martín Martínez, la de menor valor económico, pero informó en contra de revisar la de la calle Santander.

El Consello Consultivo corrigió su postura y dictaminó que ambas son nulas. Pese al fiasco, el único cese hasta la fecha fue el de la funcionaria que presidió la comisión de valoración de los pisos, que estaba en el puesto con una comisión de servicio que ya había superado su duración legal. El alcalde y Varela rechazaron asumir responsabilidad alguna, y el edil se limitó a señalar que su única responsabilidad es que el próximo concurso salga bien.

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