Los partidos aprueban por tercer año seguido un texto con esas exigencias
03 dic 2020 . Actualizado a las 22:25 h.Por tercer año consecutivo, el pleno municipal aprobó este jueves un acuerdo en el que reclama al Gobierno central que ponga en marcha la construcción del enlace ferroviario de punta Langosteira y condone la deuda que ahoga a la Autoridad Portuaria y que, si nada cambia, se pagará con la urbanización de los muelles interiores cuando queden desocupados.
Los tres acuerdos se aprobaron por amplia mayoría. El de ayer salió adelante por unanimidad. Se aprobó durante el debate de una moción presentada por la Marea Atlántica, y fue elaborado por esa formación, PSOE, PP y BNG. Podemos no pudo participar, ya que Isabel Faraldo no se incorporó al pleno hasta ayer, pero prestó su voto favorable.
El acuerdo consta de seis puntos. Como ya se ha indicado, insta al Gobierno central a condonar la deuda o conceder una ayuda equivalente y a iniciar la obra del ferrocarril. Solicita a la Autoridad Portuaria, Puertos, Gobierno central, ADIF y Xunta a formar un ente público que gestione el futuro de los terrenos portuarios. Plantea que la Xunta, el antiguo Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento reúnan la comisión para cambiar los acuerdos del 2004, que prevén que la deuda de Langosteira, de 300 millones, se pague con la urbanización de los muelles interiores. Insta también al gobierno local a abordar el diseño de los usos de los muelles interiores de forma participativa con la ciudadanía. Finalmente, el documento plantea que se diseñe el futuro de los muelles de acuerdo a las necesidades de la urbe, como recuperar la relación de la ciudad con el mar, facilitar la circulación, fomentar la competitividad del puerto o plantear actividades socialmente sostenibles.
El debate en el pleno
Pese al acuerdo, casi inevitable en un asunto del que depende en gran parte el futuro de la ciudad, el debate no estuvo libre de tensión. La portavoz de la Marea criticó que la propuesta no se aprobase hace 15 días en una comisión municipal de forma que habría llegado a tiempo para «influir nos orzamentos do Estado».
Pero no se pudo debatir ese día porque los servicios jurídicos municipales advirtieron que la comisión estaría invadiendo las competencias del pleno y el acuerdo sería ilegal. Así lo explicaron Juan Díaz Villoslada, edil de Urbanismo, y el popular Roberto Rodríguez, que atribuyó la moción de la Marea a su falta de referentes en el Parlamento, e ironizó con que «débenlle quedar amigos. Teñen unha ministra á que chamar» si quieren hacer aportaciones a los presupuestos.
Isabel Faraldo, que había tomado posesión como edila no adscrita poco antes en nombre de Podemos, insistió en que «non se pode hipotecar o borde litoral», que «pertence aos cidadáns».
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, recordó que su grupo ya instó en el anterior pleno al gobierno local a mover ficha para constituir un consorcio que gestione el futuro de los muelles.
Más tarde preguntó por el «contrato» que, según Inés Rey, Pedro Sánchez tenía con la ciudad. Los nacionalistas lamentaron que desde el ejecutivo local se citasen como ejemplos de ese acuerdo la pasarela de Pedralonga, que llega con gran retraso, o 12,6 millones para luminarias, mientras que se destinan 400 millones de euros a condonar la deuda del puerto de Valencia.
Por el gobierno local, Díaz Villoslada destacó la unidad lograda entre todos los grupos, que hace a la ciudad «más fuerte para plantear a otras Administraciones cómo queremos diseñar la ciudad». El edil de Urbanismo subrayó que los partidos están «de acuerdo en el 80 %» y es imprescindible evitar que el 20 % restante quiebre esa unidad.
