Así fue la cumbre sobre el futuro del puerto: del agravio de Valencia al desaire de A Coruña
A CORUÑA
El Gobierno admitió que debe tomar medidas en el puerto, pero su desdén a las votaciones en las cámaras gallegas y su cuestionamiento del enlace por tren a Langosteira causaron estupor
24 feb 2021 . Actualizado a las 09:54 h.Los últimos en llegar a María Pita, con rostro serio y un ligerísimo retraso sobre las 11.30, hora de arranque de la cumbre, fueron los representantes del Gobierno. Unos minutos después, ya en faena, dejaron claro que ni tren ni deuda, señalaron fuentes del encuentro. Sergio Vázquez, el secretario general de Infraestructuras, originario de Lugo, puso la zanahoria: planteó el uso de fondos de la UE, una prórroga de la declaración de impacto ambiental y una posible reestructuración de la deuda. El presidente de Puertos, Francisco Toledo, esgrimió el palo: dijo que el puerto ha perdido un 25 % de tráficos desde el 2015 cuando en el resto del sistema crecieron, denunció que se hicieron cosas mal y habló de rescate. Isabel Pardo de Vera, la también gallega presidenta del ADIF, planteó la necesidad de que el proyecto del tren a Langosteira cuente con informes de viabilidad para optar a los fondos de la UE y pidió «lealtad institucional». Antes, Sergio Vázquez ya había rechazado «líneas rojas», las que había puesto la semana pasada la Xunta. En el debate incluso se planteó que el puerto recurriese a vender suelo para abonar la deuda.
A esas exposiciones siguieron las de Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas, que reivindicó la vigencia de los acuerdos del 2018 —firmados por el anterior Gobierno del PP— y reclamó un calendario para el tren a Langosteira. El presidente del Puerto, Martín Fernández, insistió en la necesidad de esa obra y en la de buscar soluciones para la deuda. Siguieron otras intervenciones, y la alcaldesa, Inés Rey, hizo el papel de mediadora, tratando de sintetizar los distintos puntos de vista. Pero muy pronto quedó claro que el Gobierno no se iba a mover de su posición.
El delegado de la Xunta, Gonzalo Trenor, insistió en los tres puntos que el Gobierno gallego había marcado como líneas rojas: condonación de la deuda, licitación del tren y una delegación especial del Puerto para gestionar la urbanización de los terrenos. Desde las filas del Gobierno se dijo que no. Sergio Vázquez reclamó a la Xunta más implicación, y menos tacticismo. Entre los cuadros del Gobierno gallego hubo estupor cuando la presidenta del ADIF planteó que la Xunta tenía que «aportar» a la viabilidad del tren ayudando a buscar más tráficos portuarios.
A calzón quitado
El conflicto entre el Ejecutivo central y el autonómico se hizo evidente. Fue «a calzón quitado», dijeron las mismas fuentes. Siguió el rechazo a licitar el ferrocarril o a poner un calendario por parte de los delegados del antiguo Ministerio de Fomento.
La condonación de la deuda es «ilegal» y cuando gobernaba el PP no la solicitaron, añadieron.
La situación se crispó. Algunas palabras de Pardo de Vera se interpretaron como una insinuación de que la Xunta no conocía los reglamentos europeos.
Rey continuó su trabajo de mediación con el fin de que la reunión se tradujese en un acuerdo que al menos permitiese encauzar la situación en el futuro.
La negativa del Gobierno a compromisos concretos sobre el tren y la deuda no se tradujo en el frente común Xunta-Ayuntamiento que el Gobierno gallego planteó la semana pasada.
Ambas Administraciones chocaron en el asunto de la comisión que gestionará el futuro de los muelles. La Xunta quería una delegación especial del puerto, el ejecutivo local una comisión con base en María Pita. Finalmente se salió casi por el medio con una comisión paritaria. La disputa, sostenida hasta más allá de las dos de la tarde, casi rompe toda posibilidad de acuerdo.
Lo hubo, mínimo. En su alumbramiento quedó claro que al Gobierno central no le importa que el pleno coruñés o el Parlamento gallego pidan la licitación del tren o la condonación de la deuda después del «agravio» de que sí se perdonase la de Valencia.
Tras años de retrasos, la ya dañada confianza de los grupos políticos locales en que el Ejecutivo movería ficha en un asunto clave para la ciudad quedó rota. No mejoró el tono de desaire la comparecencia pública posterior, en la que los enviados del Gobierno no dieron garantías de que, sea con unos fondos u otros, el tren se licitará pronto. O cuando, cuestionado sobre la legitimidad de la deuda, derivada de una obra que se hizo por orden del Gobierno central, Toledo Lobo, afirmó que a él nadie le habría obligado a nada y que antes se hubiese ido a su casa. Como si tener un refugio frente a otro Prestige no fuese una necesidad.
