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Vecinos denuncian la existencia de un narcopiso en la Sagrada Familia, en A Coruña

alberto mahía A CORUÑA / LA VOZ

A CORUÑA

EDUARDO PEREZ

La policía traslada a los residentes del Ventorrillo su «frustración» por no poder desalojar okupas una vez que se asientan en las viviendas

08 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Vecinos de la Sagrada Familia han puesto el foco de sus desvelos en un piso de la calle San Lucas, en la Sagrada Familia. Gritos, peleas, trapicheo de droga a todas horas... Miedo. Eso es lo que sienten al salir de sus domicilios y encontrarse siempre con lo mismo.

No son capaces de recordar las veces que llamaron a la policía por cualquier disturbio. Agradecen la labor policial, que siempre atiende en cuestión de minutos las quejas. Pero en cuanto los jóvenes alborotadores ven aparecer a los agentes, se vuelven mansos. Se dejan identificar, tratan a los funcionarios con educación y cuando estos abandonan la zona, «vuelven a armar escándalo».

El problema lo tienen en el número 17 de la calle San Lucas. Concretamente en el tercer piso. Lo okuparon un grupo de jóvenes de origen extranjero y desde entonces «la calle no es la misma». Por eso los residentes piden que las autoridades actúen «cuanto antes mejor». Dice una vecina que es más que «notorio» que en ese piso se vende droga. «En cuanto llega la tarde, el trasiego de chavales entrando y saliendo es tremendo. A muchos se les ve con la sustancia en la mano a la vista de todo el mundo. Supongo que no ha de ser muy complicado poner un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de la vivienda y comprobarlo», denuncia. Lo dice una vecina de una de las zonas de la ciudad más afectadas por la okupación de casas.

Precisamente de eso se habló este lunes en un encuentro entre la asociación de vecinos del Ventorrillo con el representante del departamento de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Los residentes en el barrio le trasladaron el grave problema de las casas okupadas, poniendo como ejemplo lo que están «sufriendo» los que viven en A Silva, y el 091 les recordó que ellos no pueden hacer más de lo que hacen. La ley les impide, les dijo el agente, desalojar una vivienda en la que los okupas ya están asentados, que ha de ser el juzgado el que se encargue del asunto.

El miembro de la Policía Nacional asumió su «frustración» al no poder más que comprobar el supuesto hecho delictivo y trasladar el problema a la propiedad para que esta ponga la consiguiente demanda para luego poder proceder al desalojo. Sin esa orden judicial y, tras comprobar que no se está cometiendo un delito flagrante, se encuentran con las manos atadas. De ahí que proliferen las empresas especializadas en recuperar propiedades.

La policía trasladó al colectivo vecinal, según recuerda el presidente del Ventorrillo, José Ángel Souto, que la colaboración es crucial. «Nos piden que informemos de cualquier incidencia sospechosa. Es importante que los avisos se hagan con la mayor inmediatez y también recordamos que no es necesario identificarse para realizar este tipo de comunicación».