Un fiscal de ese país les acusa de asesinato, falsificación de pruebas y perjurio
09 oct 2021 . Actualizado a las 13:31 h.La Fiscalía filipina ha imputado por los supuestos delitos de asesinato, falsificación de pruebas y perjurio a los tres policías que supuestamente participaron en la muerte del coruñés Diego Bello en enero del 2020 en la isla de Siargao.
Así lo ha comunicado en su cuenta de Twitter la Plataforma Xustiza para Diego, que indica que esta noticia fue comunicada por la justicia filipina al consulado español en Filipinas. El adjunto al fiscal general filipino Arnold L. Magpantay, ha explicado el colectivo, reconoce que hay «serios indicios» de que los policías cometieron estos delitos que acabaron con la vida de Diego Bello. «Solo nos queda esperar que el proceso judicial que ahora se inicia se lleve a cabo con todas las garantías legales y que los acusados respondan en su caso de los delitos cometidos», han sostenido desde la plataforma de amigos y familiares.
Además, han apuntado que el consulado español en Filipinas ha recomendado a la familia que se persone en la causa, lo que harán en los próximos días. Los familiares y amigos denunciaron desde el primer momento que la operación que acabó con la vida del surfista de 32 años fue «un asesinato a sangre fría».
Deberán prestar declaraciones juradas antes del día 25
Según informa la web Philippines News, los tres policías acusados del asesinato de Diego Bello deberán prestar declaraciones juradas antes del próximo día 25. Añade este medio que el fiscal del caso, Honey Delgado, ha presentado cargos de asesinato, falsificación de pruebas y perjurio contra el capitan Wise Vicente Panuelos, y los sargentos Ronel Azarcon Pazo y Nido Boy Esmeralda Cortes.
Diego Bello falleció como consecuencia de varias heridas de bala en el hospital del distrito de Siargao después de una redada antidrogas que se llevó a cabo el 8 de enero del 2020 en la ciudad de General Luna. El joven coruñés fue identificado entonces, según la policía «como un objetivo de alto valor», y tras dispararle, los agentes dijeron que se incautaron de diez gramos de cocaína y una pistola automática.
La operación fue dirigida por la Oficina Provincial de Policía de Surigao del Norte, la Compañía Móvil de Policía 1302 y la Agencia de Control de Drogas de Filipinas, según detalla el periódico digital filipino. En un comunicado posterior al incidente, el director de la policía de Caraga, el general Joselito Esquivel Jr., aseguró que Diego Bello Lapuente había «involucrado a oficiales de policía en un tiroteo».
«El sospechoso sabía que estaba tratando con agentes de la ley y les disparó», dijo Esquivel. Por su parte, según detalla Philippines News, el fiscal Honey Delgado dijo a los medios en un mensaje de texto que los casos presentados por la Oficina Nacional de Investigaciones contra los tres miembros de la Comisaría Municipal de la Isla de Siargao el 17 de septiembre fueron asignados a un panel de acusación tres días después.
Por su parte, el Manila Bulletin precisa que el secretario de Justicia de Filipinas, Menardo I. Guevarra, aseguró que «el embajador español fue a verme dos veces por este caso que había llamado la atención del público en España».
«Por eso ordené a la NBI (Oficina Nacional de Investigación) que intensificara su investigación, lo que finalmente resultó en la presentación de cargos penales contra los policías denunciados», señaló Guevarra.
La investigación se enmarca dentro de otra mucho más amplia, con 154 policías posiblemente involucrados
Según la web Manilasstandard.net, la investigación se enmarca dentro de otra mucho más amplia. Así, el NBI acordó seguir investigando y llevar a cabo una acumulación de casos sobre la posible culpabilidad criminal de 154 policías involucrados en operaciones contra las drogas ilegales donde ocurrieron muertes de sospechosos.
En un mensaje de texto, el secretario del Departamento de Justicia, Menardo Guevarra, dijo: «El NBI se comprometió a trabajar de inmediato, utilizando los archivos de 52 casos como punto de partida».
El Departamento de Justicia revisa casos registrados desde el 2016
Se trata, por lo tanto, de una trama que se vendría produciendo desde años atrás. Según informa el Manila Bulletin en otro artículo, como parte del compromiso de Filipinas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un grupo de investigación dirigido por el Departamento de Justicia ha estado revisando desde el año pasado casos de asesinatos registrados desde el 2016 durante operaciones de drogas ilegales por parte de los agentes.
