El caso Mercedes: «Se trata de garantizar la integridad y protección de una persona que no puede cuidar de sí misma ni decidir sobre sus actos»
A CORUÑA
La orden judicial que permitió sacar de la calle a una mujer que estuvo cinco años a la intemperie constituye la última baza para normalizar la vida cuando las vías de intervención de los servicios sociales se agotan
02 oct 2022 . Actualizado a las 01:58 h.El ingreso de Mercedes en una residencia no es una rareza en el delicado ámbito de los servicios sociales en A Coruña. Las últimas horas de la mujer que hace cinco años puso en guardia a los equipos municipales al aparecer en el jardín de las Esclavas debajo de un tenderete de plásticos y paraguas han sido alentadoras para los especialistas que la acompañaron durante este tiempo y que desempeñan un trabajo diario, intenso y callado para mejorar la situación de las personas sin hogar.
El gobierno local inicia al año un par de expedientes de ingreso no voluntario en una residencia, como el que permitió proteger a Mercedes, pero solo esporádicamente involucra a individuos sin hogar. «Son situaciones tremendamente complejas que se alargan en el tiempo, porque los procedimientos judiciales son también complejos. No podemos olvidar que estamos hablando de limitar un derecho fundamental de la persona», señalan desde Servizos Sociais.
Cuando los equipos abordan un caso, siempre de manera individualizada, todas las vías están abiertas. Adicciones, trastornos psiquiátricos o problemas económicos coyunturales condicionan el itinerario hacia una vida normalizada, a través de la entrada en una vivienda o residencia, o del tratamiento de las patologías o adicciones.
Solo cuando las vías de intervención se agotan —«porque no aceptan ninguna alternativa y las trabajadoras sociales entienden que están poniendo en riesgo su vida sin ser conscientes, porque tienen mermadas sus capacidades», señalan desde el Ayuntamiento—, la posibilidad que queda es acudir a la vía judicial.
El Ayuntamiento envía entonces un informe completo a la fiscalía y al juzgado para obtener un ingreso involuntario en un hospital o residencia. Solo un juez puede determinarlo a la vista de los informes municipales y de la fiscalía y de la pertinente valoración médica. «El objetivo de todo el proceso —recalcan— es garantizar la integridad y protección de una persona que no puede cuidar de sí misma ni decidir sobre sus actos, con el único fin de preservar su salud y su integridad».
