Los expropiados de Elviña denuncian que el Ayuntamiento de A Coruña ocultó que debía pagarles más
A CORUÑA CIUDAD
El letrado de los vecinos estudia pedir más intereses por el intento de demorar la compensación, fijada en 14,5 millones de euros
14 mar 2019 . Actualizado a las 09:47 h.El Ayuntamiento de A Coruña tendrá que pagar unos 14,5 millones de euros por las expropiaciones ejecutadas entre los años 2001 y 2005 para proteger el castro de Elviña. En esos años, el Ayuntamiento se hizo con el control de 134 parcelas que suman 240.000 metros cuadrados. Las pagó a 11,73 euros el metro cuadrado, pero desde el 2015 se sabe que tenía que haber pagado 50 euros. Ahora deberá abonar la diferencia y los intereses a los afectados, a quienes se «ocultó» esa resolución, denuncia el letrado Juan Manuel Santos Porto, que junto a José Manuel Liaño Flores representa a la mayor parte de esos vecinos.
El origen del conflicto
Las expropiaciones. El castro de Elviña fue declarado BIC por decreto el 20 de julio de 1962, lo que limitó sensiblemente cualquier aprovechamiento por los propietarios. Esa situación se mantuvo hasta 1998, el año en el que se aprobó el PGOM, cuando se puso en marcha el proyecto de expropiación. Los vecinos recurrieron, explica el letrado, porque no había un plan especial para el ámbito. Les dieron la razón y el proceso quedó parado hasta el 2001, cuando se reinició ya con un plan especial vigente.
El Ayuntamiento decidió pagar 11,73 euros, «como si se tratase de un labradío», recuerda Santos, pese a la existencia de restos arqueológicos que debían ser tasados por un órgano competente. La Administración municipal se opuso y el asunto terminó en los tribunales. El TSXG dio la razón a los vecinos y el Ayuntamiento creó un organismo para revisar el precio de las expropiaciones.
El dictamen de esa entidad era que los restos valían «cero euros», recuerda el abogado. Los vecinos volvieron a los juzgados, que una vez más les dieron la razón y «un tirón de orejas» al Ayuntamiento, dice el abogado sobre la sentencia del TSXG del 25 de mayo del 2010 que obligó a valorar no solo el suelo donde aparecen los restos, sino también los bienes arqueológicos.
La comisión de valoración. A raíz del dictamen del TSXG se formó una comisión especial de valoración de los terrenos a cargo del Instituto de España. Estuvo presidida por Martín Almagro Gorbea, miembro de la Real Academia de la Historia, y de la que formaban parte José Ramón Soraluce y Felipe Senén López, miembros de la Real Academia Galega de Belas Artes y representantes, respectivamente, del Ayuntamiento y de los afectados.
La comisión de valoración, en base al valor de los restos arqueológicos y al precio pagado en otras expropiaciones en esa zona, entre otros factores, concluyó que el precio «mínimo [...] más justo y razonable» asciende a 50 euros por metro cuadrado. El informe de conclusiones fue rubricado el 29 de julio del 2015.
La continuación
Sin notificar. El dictamen de la comisión indicaba el precio a pagar, pero el Ayuntamiento nunca lo abonó. Desde María Pita, explica Santos, «no nos mencionaron nada, no nos hicieron ni caso. Ni nos notificaron el informe ni pagaron a los afectados».
Un nuevo pleito. Sin informar a los vecinos afectados, según el letrado, el Ayuntamiento presentó un recurso contra el informe de conclusiones de la comisión especial de valoración. El recurso volvió a llevar, una vez más, las expropiaciones del castro de Elviña al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aunque esta vez se enfrentaban representantes de la Administración. De un lado el Ayuntamiento, cuyo objetivo era evitar pagar más de 11,73 euros por metro a los vecinos, del otro la citada comisión, que defendió su dictamen en el que valoraba cada metro cuadrado en 50 euros. El TSXG volvió a fallar contra la Administración local, que en el 2018 presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. De nuevo perdió la pugna, y en una providencia del 7 de febrero de este año el alto tribunal rechazó el recurso del Ayuntamiento y le cargó las costas del proceso, como había hecho el TSXG.
La ocultación. El letrado afirma que, a día de hoy, el Ayuntamiento sigue sin notificar a los afectados el informe de la comisión especial de valoración. Entiende que se ha producido una «ocultación consciente» de la existencia de esa deuda con el fin de «intentar demorar indefinidamente el pago», por lo que estudiará que se aumenten los intereses de las indemnizaciones.
Recordó además que en los últimos años presentó alegaciones a los presupuestos para que se incluyesen en los mismos partidas para pagar esa obligación, pero fueron desestimadas a pesar de que no hay «ninguna resolución que anule el pago o lo paralice».
Santos considera que las indemnizaciones que deberá pagar el Ayuntamiento superarán los 14,5 millones de euros, ya que estima que el precio final del metro debe situarse en unos 80 euros.
Esos 14,5 millones fueron calculados por el PP, que el martes hizo públicas las resoluciones judiciales contrarias al Ayuntamiento. Los populares acusaron a la Marea de esconderlas con fines electorales y por su alianza con el PSOE, cuyos gobiernos tramitaron las expropiaciones.
Más allá de las cuitas políticas, el Ayuntamiento no incluyó en su último cambio presupuestario, aprobado este lunes, el pago de las indemnizaciones a los afectados, que siguen a la espera casi dos decenios después.
