El alcalde de Lalín, José Crespo, coincidió con su homólogo de Caldas en que el manifiesto, suscrito «sen fisuras polos trece concellos con partido xudicial», plasma lo que «por libre todos estabamos dicindo. Se o dicimos en conxunto é máis doado que o ministerio nos poida facer caso».
Incidió en que Galicia es la comunidad que peor sale perjudicada de la aplicación del anteproyecto de ley por la propia idiosincrasia de los gallegos: «Nós plantamos as casas onde nos da a gana, cunha mentalidade sueva máis que celta (...). Os que vivimos no rural temos o mesmo sagrado dereito cos que viven nas capitais aos mesmos servizos». Crespo reiteró que todos los ciudadanos tienen derecho a disponer de los mismos servicios.
En este marco, el vicepresidente de la Diputación esgrimió el argumento económico a la hora de rechazar la reforma judicial. No lo hizo en el sentido de que la supresión de juzgado podría suponer una merma de ingresos, sino que se fijó en las inversiones de los últimos años en infraestructuras judiciales. «De ocorrer o que se propón, quedarían mortas de risa», subrayó.