Ambos ven prioritario tratar con los concursales la supresión de 3 unidades concertadas frente a las 6 previstas, ya que cambió así el escenario laboral
13 ago 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Con un amplio respaldo de la comunidad educativa del Sagrado Corazón para respaldar al comité de empresa a la entrada del consistorio, y presencia de ediles como Rafael Cuíña y Francisco Vilariño, siete representantes accedieron a una reunión con el alcalde José Crespo. Un encuentro de más de hora y media en que exigieron al regidor su mediación ante quien corresponda para que el ERE colectivo no se lleve a cabo de forma fulminante, ya que el comité entiende que Lalín no puede soportar más despidos y más gente a la cola de la oficina de empleo ?son 29 personas en el ERE y 6 a las que no se renovaría contrato?.
El comité indicó que los motivos a que aluden los administradores concursales para justificar esa acción son por un lado informaciones que «non se corresponden á realidade da situación do centro», y por otro al número de alumnos matriculados, con el ajuste de ratios consiguiente entre alumnado y profesorado. El comité trasladó a Crespo que es una decisión política, ya que aunque se basa en la decisión técnica de número de matriculados, «pode variar cada ano» y en la pandemia del covid-19 insisten en que es una temeridad: «Non será responsabilidade nosa como traballadoras do centro se a mediados do mes que entra coñecemos un novo gromo de afectados» por no garantizarse todas las medidas sanitarias recomendadas. Aunque admiten que el ajuste de unidades lo hace la Xunta, el comité dice que de surgir un brote de covid-19 por la supresión de 3 unidades del colegio Crespo «sería cómplice de non facer nada por prever esta situación».
Expusieron además que a 15 días del inicio del curso alumnos no saben si podrán continuar en el colegio, si mantendrán a sus compañeros o estos ya se matricularon en otros centros. Y las familias desconocen si el colegio abrirá, qué maestras tendrán o qué libros de textos. Preguntaron al alcalde si tiene un plan B si el Sagrado no abre, donde irá esa alumnado, y cómo conciliarán los del primer ciclo de infantil, con las galescolas al límite de ocupación. El comité demandó a Crespo que haga lo que corresponda y proceda «a petar nas portas que teña que petar» buscando soluciones para el centro.
Crespo brinda su apoyo
Crespo estuvo acompañado en el encuentro por la concejala de Educación, Eva Montoto para recibir a una representación del Sagrado Corazón integrada por siete personas con el representante de CIG-Ensino, Xosé Nogueira, como interlocutor, indicaron desde el Concello. Trasladó la preocupación por la situación del colegio y pidió apoyo al alcalde.
Crespo Iglesias comunicó al comité «a preocupación do grupo de goberno polo colexio, compartida polo comité; explicoulles todas as xestións realizadas en relación ao tema dende o principio, que non se fixeron públicas por cuestións de prudencia, e brindoulle toda a súa colaboración como vén facendo dende os comezos». En esa línea, destacaron desde el gobierno local la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la orden por la que «só se suprimen tres unidades, cando inicialmente se barallaban moitas máis», señalando que esa variación sustancial cambia el escenario laboral.
De ahí que «tanto alcalde como comité consideraron prioritario» tratar esa cuestión con los administradores concursales.
Los portavoces abordaron la situación del colegio en una reunión celebrada por la tarde
Crespo hizo doblete con el Sagrado Corazón. Si por la mañana fue la reunión con el comité de empresa, por la tarde se celebró la junta de portavoces que había solicitado el BNG. El concejal nacionalista Francisco Vilariño expuso los motivos para la solicitud, que era tratar de alcanzar una postura común. Planteó la integración del Sagrado Corazón en la red de centros públicos de la Xunta «porque Lalín precisa tres colexios no casco urbano, e os outros dous teñen unha ratio por aula de 25 rapaces e mesmo 26». Frente a reticencias del alcalde, expuso que es factible siempre que como sucedió en Cataluña el pasado año se produzca un pronunciamiento en ese sentido del Parlamento.
Vilariño entiende que el objetivo del ERE es que la empresa se libere de pagar despidos y los asuma el Fogasa, quedando saneada para quien la compre: «Porque unha empresa prima a rendabilidade económica e non a calidade», de ahí la apuesta por hacerlo centro público.
Rafael Cuíña planteó si existía un plan B si el Sagrado cerraba. Indicó que la respuesta del regidor fue que sería recolocar al alumnado en otros centros llegado ese caso, que era lo que se preveía cuando parecía que la liquidación era el destino final, pero ahora hay esperanzas de salvar el centro. Crespo dijo que la administración concursal elevará su propuesta al juez en septiembre sobre el futuro del centro.