Desde CxL insistieron en que se llega tarde para algunas empresas
27 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La corporación de Lalín celebró ayer la segunda sesión plenaria de la semana, tras aprobarse este lunes el presupuesto municipal del 2022, y donde la mayor confrontación dialéctica surgió con las dos mociones defendidas por CxL, así como la del BNG sobre el caso del asesor Pepe Iglesias o la inclusión fuera del orden del día de un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito. Compromiso pedía la comparecencia en pleno del regidor para explicar plazos para ampliar el polígono Lalín 2000, criterios para lograr suelo industrial y su precio.
El coordinador de esta formación, Rafael Cuíña, cargaba una vez más contra la actitud «burda e partidaria contra os intereses de Lalín» del PP en la Xunta, recordando el criterio establecido durante el anterior mandato del cuatripartito de que había de elaborarse un registro previo de empresas interesadas antes de plantearse la ampliación del polígono, pese a tenerse constancia de que había interés de varias. Justo tras el cambio de gobierno se producía un cambio de criterio y ya no había necesidad de registro. Cuíña recordó que se había anunciado para este año la licitación de esas obras y que no habrá suelo industrial al menos hasta el 2024. Mientras, en sus primeras intervenciones Francisco Vilariño (BNG) lamentaba la demora de un proyecto sin materializarse desde hace años y Alba Forno (PSOE) recordó que Crespo ya había anunciado en el 2012 esa ampliación, significando que en el 2018 la Xunta no tenía acreditada la necesidad de suelo industrial y en el 2019, poco después de acceder el PP al gobierno local, ya se ponían en marcha gestiones para ampliar.
Desde el PP, Raquel Lorenzo fue la primera en intervenir para apuntar que el anterior gobierno no había realizado ninguna gestión administrativa para tramitar la ampliación de Lalín 2000 ni para la «nova aposta polo polígono de Prado» y los populares activaron todo desde el primer momento, con nuevo plan de sectorización para lograr parcelas más competitivas o los 2,4 millones consignados en los presupuestos autonómicos del 2022. «Custes e prazos coñeceranse no seu momento pero vamos a buscar que sexa o máis rápido posible e o máis barato», dijo.
Cuíña se mostró molesto para incidir en que el posible polígono en Prado ya había sido una idea de Xosé Cuíña en los 90 y que preveían abordarlo de forma paralela a la necesaria ampliación de Lalín 2000. Recordó que se fue al traste el de Catasós, para insistir en que la Xunta no quiso acometer la ampliación por cuestiones partidistas, «por intereses burdos e bastardos» pidiendo un registro que después se obvió. Un trato de favor según quién gobierne en el que también incidió Vilariño, resaltando criterios especulativos en anteriores fases.
El regidor aseguró no tener inconveniente en comparecer sobre esta cuestión para insistir en los esfuerzos del actual equipo de gobierno por agilizar esa ampliación de Lalín 2000, algo que no duda Cuíña, según insistió, reiterando las contradicciones de la Xunta y que se afecte a la economía y a los vecinos por esa actitud, con empresas que no van a esperar al 2024 para tener suelo industrial. Crespo remarcó que las tramitaciones administrativas llevan unos plazos y que el tema del registro previo en el anterior mandato no era solo para Lalín sino para toda Galicia. Espera que en unos días se proceda con la urgente ocupación de terrenos, ya que solo el 50 % está comprado, y que se pueda adjudicar la primera fase de ampliación ya en el 2022, para después ir acometiendo otras en función de la demanda. Pidió a Cuíña retirar la moción —lo que este aceptó— e incluso explicarle más detalles de forma personal.
De puntillas por el caso Pepe Iglesias, prioridades en comercio y gastos sin crédito en Feiradeza
El PP eludió entrar al trapo en una nueva moción del BNG sobre el caso del exasesor Pepe Iglesias, quien regresó el día 2 de noviembre al cargo. Vilariño reiteró el uso partidista y perverso de medios públicos, con el uso del Concello al servicio del PP. Cristóbal Fernández (PSOE) aludió a un informe pedido a Secretaría sobre lo que supondría una situación irregular de un trabajador por no estar dado de alta, mientras Miguel Medela (CxL) apoyaba la petición nacionalista de comparecencia del regidor y el concejal José Cuñarro al considerar que se trataba de esconder algo. Crespo afirmó que había riesgo cero para el Concello porque no trabajaba en esos momentos, para cuestionar Vilariño que el gobierno mienta sin ruborizarse tras «unha cachada tan grande» y después se regularice su situación, pidiendo explicaciones de porqué estuvo la vacante sin cubrir meses. El PP rechazó la moción nacionalista, mientras sí apoyó para un acuerdo unánime la necesidad de apoyar al sector lácteo y de carne.
No prosperaron las mociones del PSOE, ni la de activar ayudas al comercio para usar en gallego en carteles, tarjetas, letreros,... al considerar que ahora lo prioritario era hacer un esfuerzo para incrementar sus ventas y atraer gente a los negocios. Hubo debate al considerar la oposición que el idioma es siempre una prioridad. Tampoco hubo apoyo del PP a la petición socialista de más transparencia en la gestión.
Si el pleno arrancaba con la aprobación de sendos expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito por casi un millón de euros, por facturas eléctricas o del agua y saneamiento, acabó por vía de urgente con otro de más de 23.000 euros cuestionado por la oposición, para facturas de Feiradeza o del área de turismo y cultura.
Del abuso de los contratos menores a facturar a firmas vinculadas a ediles del gobierno local
El abuso de los contratos menores sin dar opciones a más empresas de presentar propuestas, además de facturar a firmas vinculadas a dos concejales del gobierno local, saltó al debate con una moción de CxL, que lamentó que el PP valga todo y se produzcan estas situaciones semana tras semana. Vilariño incluso recordó el caso de que un edil votase en junta de gobierno local pagarse a sí mismo una factura, mientras María Iglesias (PSOE) resaltó los 1,2 millones en contratos menores, además de las facturas con reparos de Intervención, considerando que facturar con empresas afines puede ir en detrimento de los servicios y precios.
Crespo defendió que no menosprecian a ninguna empresa de Lalín y tienen la conciencia tranquila, animando a ir al Juzgado si ven alguna irregularidad con esos contratos menores. Reiteró que son legales y éticos, también los suscritos con firmas vinculadas a Lorenzo y Seijas, preguntándose Cuíña dónde está el listón tras haber sido muy criticados en el anterior mandato. «O conto é moi diferente», recalcó, ya que ahora hay vinculación directa. Vilariño recordó las pegas de los técnicos municipales en su día y Crespo insistió en que no eran sectarios, antes de que el PP votase en contra de la moción que apoyó toda la oposición.