La Comisión Europea acusa a Madrid de haber vetado operaciones de antiguas compañías públicas con el uso de la «golden share» La comisaria Loyola de Palacio propuso abrir un debate antes de tomar una decisión sobre la llamada «golden share» y sus colegas han aceptado el reto. Pero se han negado a paralizar lo que ya estaba en marcha. Ayer, la Comisión Europea denunció ante la Corte de Luxemburgo al Gobierno español por utilizar la «acción de oro» para intervenir en la gestión de empresas ya privatizadas. Bruselas considera «legalmente injustificable» que la Administración coarte las decisiones de las ex-empresas públicas Argentaria, Endesa, Indra, Repsol, Altadis y Telefónica. Entre Bruselas y otros cinco países comunitarios existen litigios similares.
05 jul 2000 . Actualizado a las 07:00 h.FÉLIX SORIA BRUSELAS. Corresponsal «Determinadas disposiciones de la legislación española (en referencia al decreto 5/1995), que se refieren a las inversiones en empresas privatizadas, constituyen una restricción injustificada a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento, lo que es contrario al Tratado de la Unión», reza el comunicado oficial de la Comisión. La ley de referencia, promulgada cuando el PSOE todavía ostentaba el Gobierno, es similar a las promulgadas en otros cinco países socios: Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Italia y Portugal, a los que Bruselas también incoó en su día procedimientos de infracción. En los casos italiano y español _Italia ya ha sido condenada por la Corte de Luxemburgo_ «urge resolver la situación». Los ejecutivos de Madrid y Roma, siempre según Bruselas, se habrían amparado en la acción de oro para «aplicar criterios discrecionales que son ajenos al interés general y a la supuesta necesidad de garantizar servicios públicos». La acción de oro, más conocida por la denominación inglesa golden share, permite al Gobierno vetar decisiones de los consejos de administración de las empresas privatizadas que alteren la composición del accionariado, que supongan la enajenación de patrimonio, que modifiquen el objetivo social de la entidad, o que autoricen la venta de un paquete accionarial superior al 10%. Sectores estratégicos En teoría ese tipo de intervenciones persiguen que los nuevos gestores de sociedades como Telefónica, Repsol o Endesa _cuyo funcionamiento es capital para los sectores españoles de la energía y la telecomunicaciones_ no pongan en peligro servicios básicos para la ciudadanía y para la actividad económica en general. A criterio de Bruselas, las intervenciones _oficiales o indirectas_ que hasta ahora ha impulsado el Gobierno español en los consejos de Telefónica, Endesa o Repsol «no respondían a ningún peligro para el servicio». No obstante, al margen de que «teóricamente pudieran existir legítimas razones de interés público, la acción de oro en sí misma es contraria a la legislación europea», afirman tajantemente en Bruselas. La comisaria De Palacio, que ha discrepado con la práctica totalidad de sus colegas, insistió ayer en la legitimidad de las golden share. De Palacio alega que «sería absurdo» haber privatizado Telefónica, por ejemplo, para que «vuelva a ser empresa pública bajo otra bandera», en alusión a la holandesa KPN, cuya fusión con la multinacional española fue torpedeada por Madrid porque el Estado holandés posee el 35% del capital. De Palacio, que ayer ejerció de comisaria española _lo que provocó desazón en Bruselas_, subrayó que «el debate está abierto».