El Ejecutivo gallego ha encargado a sus servicios jurídicos un informe sobre «las meteduras de pata» de Monti Los sindicatos, la Comisión Europea y la SEPI se reunirán el próximo lunes
29 sep 2004 . Actualizado a las 07:00 h.El conselleiro de Innovación, Juan Rodríguez Yuste, declaró ayer en Vigo que la Administración gallega está obrando «dentro de sus competencias» en la crisis de los astilleros. No mencionó, sin embargo, el viaje a Bruselas que, según fuentes extraoficiales de su gabinete, prepara para dentro de unos diez días (11 o 12 de octubre). Allí se reunirá con la responsable de Ayudas de Estado de la Dirección General de Competencia, Loretta Dormal-Marino, a quien planteará la conveniencia de adelantar el levantamiento del veto que desde hace 17 años impide a la factoría de Fene dedicarse a la construcción convencional de buques. Dicha restricción vence todavía marzo del 2007. El Gobierno autonómico cree trascendental para el futuro socioeconómico de Ferrolterra la continuidad de la antigua Astano. Y para darlo a entender, si la vía diplomática no fructifica, parece decidido a adoptar una postura más agresiva, pues ha encargado a sus servicios jurídicos un informe sobre «las meteduras de pata» cometidas por el comisario Mario Monti durante su mandato, que expira el 1 de noviembre. Este italiano es el principal responsable de que la Comisión Europea cerrase el 12 de mayo un expediente que obliga a Izar a devolver al Estado español 308 millones de euros (más intereses) en concepto de fondos de apoyo supuestamente irregulares. Por la capital belga pasa buena parte del futuro del sector. Eso lo tiene claro Rodríguez Yuste y también lo saben los sindicatos. Ayer consiguieron al fin que quedase fijada una fecha para la entrevista a tres bandas con Monti y con el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles. El encuentro tendrá lugar el lunes 4 en Bruselas. En ese foro se discutirán, de acuerdo con un comunicado oficial, «las exigencias de la UE respecto a Izar y las condiciones para el cumplimiento de las mismas». Según su portavoz, CC.?OO. intentará obtener tiempo para perfilar «un modelo industrial de empresa razonable», mientras UGT es partidaria de no demorar «lo que haya que hacer», en expresión del dirigente Manuel Fernández, Lito. «Liquidando» el sector Mientras tanto, en Madrid continúa el debate político alrededor del conflicto. Ayer en la Cámara alta, el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pedro Solbes, reiteró su plácet al proyecto de la SEPI para la compañía pública, que consiste en separar los centros militares y privatizar en bloque los civiles, porque «salvaría un importante número de puestos de trabajo». Luego lo ratificó en el Congreso. Al ministro de Economía lo acusó la senadora popular Teófila Martínez de querer «liquidar» los astilleros. Además, ésta le reclamó que desista de segregar las factorías, que recurra el retorno de ayudas impuesto por la Comisión y que consiga nuevos pedidos de barcos. Por su parte, el titular de Industria, José Montilla, insistió en que el Gabinete de Zapatero pretende «salvar todo lo que se pueda» de la empresa. Y se comprometió a «reconstruir y reforzar el tejido productivo» de las regiones afectadas.