Enel recurre la sentencia eólica y anula posibles indemnizaciones

Miguel Á. Rodríguez f. Espiñeira LA VOZ / REDACCIÓNLA VOZ / A CORUÑA

ECONOMÍA

El Supremo revisará ahora las dudas jurídicas del concurso del BNG

13 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

La energética italiana Enel presentó la pasada semana un recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre la legalidad del decreto que amparó el concurso eólico desarrollado por el BNG en la pasada legislatura. El alto tribunal gallego desestimó el pasado 16 de marzo el recurso de Enel Green Power (filial de Enel y Endesa) avalando la «legalidad» del decreto eólico aprobado por la Xunta el 13 de diciembre del 2007, y publicado en el DOG el 3 de enero del 2008.

Esta decisión judicial desató una importante polémica en Galicia, ya que abrió una puerta por la que los adjudicatarios del anterior concurso anulado por el PP a su llegada al Gobierno podían reclamar indemnizaciones millonarias.

La propia Consellería de Industria llegó a valorar en su día estas posibles reclamaciones en más de 90 millones de euros, una estimación del coste que había supuesto para las empresas su participación en la puja hasta su anulación definitiva. El nuevo recurso de Enel anula por completo esta posibilidad, ya que la sentencia del TSXG deja de ser firme. Ahora será el Tribunal Supremo quien se pronuncie de nuevo sobre la legalidad del decreto que cimentó el reparto del viento hecho por el BNG, los mismos 2.325 megavatios que ha vuelto a autorizar el PP, pero esta vez con adjudicatarios completamente distintos.

Enel había calificado de irregular la participación pública que forzaba el decreto eólico del BNG para la totalidad de futuros parques, así como el hecho de que estas instalaciones hubieran de estar sometidas al régimen especial de producción, «contraviniendo la libre iniciativa empresarial».

La italiana Enel es socia de referencia de Endesa y copropietaria con esta de Enel Green Power España, la filial de la italiana del mismo nombre que controla todos los activos renovables en España y Portugal de Endesa y Enel.

El actual recurso defiende su intención de desarrollar los 138 megavatios obtenidos en el nuevo concurso, con una inversión industrial asociada obligatoria de 2,1 millones.