Bruselas cuestiona que la amnistía fiscal vaya a ayudar a contener el déficit

La Comisión Europea tenía previsto hacer pública ayer una evaluación en detalle de los Presupuestos del Gobierno, pero se reservó su veredicto no sin antes dar un toque de atención al Ejecutivo de Mariano Rajoy por su medida más polémica. Según el portavoz comunitario de Economía, Amadeu Altafaj, la amnistía fiscal que pretende aflorar 25.000 millones de euros en activos no declarados puede ser un brindis al sol. «Medidas de amnistía fiscal las ha habido en muchos Estados de la Unión Europea en estos últimos años» pero «evidentemente no son fáciles de cuantificar» ya que «cada individuo es quien toma la decisión de si se acoge o no», advirtió ayer.

Bruselas no quiere imprevistos y, sobre todo, medidas que no pueda controlar y que puedan derivar en una desviación de los objetivos de déficit. Por ese motivo, su primer mensaje sobre la regularización de activos es cauto. No en vano, el Ejecutivo comunitario ha criticado en numerosas ocasiones desvíos inferiores a los 2.500 millones que el Gobierno da por hecho que recaudará con la medida, lo que supone alrededor de un 0,25 % del PIB español.

«No se puede tener una idea exacta de cuántos ingresos adicionales se van a generar», aseguró Altafaj, sugiriendo que la medida debería haberse planteado al margen de un balance presupuestario que debe cuadrar aunque la amnistía no recaude lo esperado. Bruselas tampoco tiene por el momento claro cómo casa el capítulo de ingresos, en el que el Gobierno tiene depositadas grandes esperanzas, con el del crecimiento de la economía, ya que las previsiones son que el PIB se contraiga un 1,7?% este año.

Prudencia

Según el portavoz, las estimaciones de crecimiento son «prudentes», por lo que habrá que «analizar con detalle» la procedencia de los ingresos que deben permitir que las cuentas públicas cuadren.

La Comisión asegura estar desbordada por la cantidad «enorme» de documentos recibida en los últimos días desde Madrid y trabajará «en vacaciones» para presentar un veredicto detallado «en cuestión de días». Bruselas no tiene la última palabra, pero sí una muy relevante en el expediente por déficit excesivo abierto contra España. Bajo su recomendación, podrían aprobarse la imposición de un depósito o una multa de hasta el 0,2 % del PIB (unos 2.000 millones) por presentar unas cuentas públicas que incumplan el objetivo de no rebasar este año el 5,3 % de déficit.

De momento, Bruselas sigue manteniendo su valoración inicial positiva, expresada el pasado viernes por el comisario Olli Rehn, pero también exige al Gobierno que se dé prisa en la aplicación de los Presupuestos. Su desarrollo deberá plantearse «de la forma más rápida posible para aprovechar lo que queda de año», según su portavoz. Para Bruselas, es posible combinar una pronta entrada en vigor con el «respeto a los trámites parlamentarios», a pesar de que podrían demorar hasta junio la puesta en marcha de los Presupuestos.

Legislación de emergencia

El Banco Central Europeo, sin embargo, exigió ya el viernes «legislación de emergencia» y decretos ley para acortar los plazos, en palabras de Jörg Asmussen, miembro del consejo ejecutivo de la institución. El Gobierno ha asegurado por boca del ministro de Economía, Luis de Guindos, que no tiene previsto saltarse el trámite parlamentario, en el que además espera conseguir el apoyo de otros grupos políticos, especialmente el de Convergència i Unió.

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