El juez desestima anular los contratos de preferentes como pedía la Fiscalía

El juzgado de instrucción de A Coruña ha tomado ya una decisión respecto a la demanda colectiva interpuesta a principios de julio por la Fiscalía Superior de Galicia contra Novagalicia Banco por la venta de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. El magistrado desestima la demanda cautelar sobre la fianza de 1.108 millones de euros (equivaldría a las cantidades obtenidas a consecuencia de las prácticas denunciadas) y hace lo mismo, desestimar, también la nulidad de los contratos. Sí admite sin embargo la acción de cesación, lo que significa que la entidad no pueda volver a vender los productos en cuestión. La Fiscalía, según fuentes próximas al proceso, recurrirá el fallo judicial ante la Audiencia Provincial.

Mientras, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, admitió ayer que «en algunos casos» la comercialización de participaciones preferentes, «bien por la propia estructura interna de la entidad, bien por las condiciones que se han ofrecido, bien por la calidad de los objetos pasivos que se han ofrecido» puede ser constitutivo de un delito, «infracción propia del código penal». Según el fiscal, que acudió a la inauguración de un curso en el pazo de Mariñán (en Bergondo), esos casos podrían, en todo caso, ser «excepcionales». Para otros, continuó, se está actuando «en el campo del derecho civil del consumo». Las sanciones entre un delito penal y otro civil son diferentes. «Vamos a estar muy atentos para satisfacer intereses sociales en los que probablemente determinadas actividades económicas o financieras hayan podido desbordar el campo civil o bien el campo penal», completó.

Torres-Dulce mantuvo la semana pasada un encuentro con fiscales territoriales en el que abordó, precisamente, la problemática de este tipo de productos, con denuncias colectivas presentadas en varias comunidades, como Galicia.

Mientras el frente judicial sigue su camino, queda otro, el político y económico, que se desvelará en las próximas semanas, cuando se conozcan las pérdidas que tendrán asumir los clientes por el rescate financiero. Bruselas exige que cuando hay ayuda pública para recapitalizar un banco -como sucede con el rescate financiero español-, accionistas e inversores han de asumir una parte de esa recapitalización con sus propios fondos. Y se considera, dentro de este paquete, a los compradores de preferentes, con independencia de que sean minoristas (como es una mayoría en el caso gallego) o grandes fondos.

«La mejor solución posible»

¿Qué sucederá finalmente? El ministro de Economía, Luis de Guindos, insistió ayer en el Congreso en que Gobierno y Banco de España «buscarán la mejor solución posible» para estos afectados, tras una pregunta por parte de un diputado de UPyD. Madrid está negociando con la Comisión Europea los términos en los que se podría llevar a cabo esa pérdida, con la vía abierta a que se pueda recuperar parte de la inversión a medio plazo. Pero, por ahora, solo hay incógnitas. La legislación comunitaria exige que estos casos al menos haya un 10 % de recorte sobre la inversión realizada por los clientes. De Guindos insistió en que el último decreto financiero impide que este tipo de casos se repitan, al fijar unos límites.

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