A Julio Fernández Gayoso, que declarará el lunes, la Fiscalía lo acusa de ser el responsable del pago de indemnizaciones excesivas y, como al resto de los imputados, de los delitos de administración desleal o, alternativamente, apropiación indebida, pues obviaron la difícil situación económica de la caja para llevarse abultadas cuantías a su marcha. Anticorrupción exige en total la devolución de 7,8 millones de euros.
Gayoso es al único que no le piden reembolso, aunque percibe unos 650.000 euros anuales de pensión, a los que se sumaron dietas que, en su último año en la entidad, frisaron los 400.000 euros. Pego cobró más de 18,6 millones entre su plan de pensiones y la indemnización, mientras que Gorriarán se embolsó 14,1; Rodríguez Estrada, más de 8,8, y García de Paredes, casi 10,6 millones. Es el único que pactó renunciar a cuatro.