La defensa de los otros imputados guarda silencio, como NCG, mientras el denunciante ve «indicios más claros de delito»
07 nov 2012 . Actualizado a las 14:57 h.Al menos dos de los cinco imputados por el juez Ismael Moreno han decidido recurrir las fianzas comunicadas ayer a las partes. Presentarán alegaciones el que fuera copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, y el ex director general adjunto, Javier García de Paredes, según comunicaron ayer sus abogados. La defensa de José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, a cargo del despacho Rodríguez Mourullo, no dio contestación a la petición realizada por este periódico; atendiendo a lo realizado por los otros dos es posible que sigan la misma vía.
La defensa de Gayoso argumenta que «no existe base alguna en el sumario para la exigencia [de la fianza], ya que de las pruebas practicadas hasta el momento se deduce la legalidad de los contratos, su aprobación y aceptación por parte del consejo y el conocimiento del Banco de España». Carlos Saiz, del despacho Gómez-Acebo y Pombo, sostiene que «resulta disparatado que sin que se le exija indemnización alguna en la querella, [Julio Fernández Gayoso] deba sin embargo responder solidariamente de las fianzas de los demás imputados». Y concluye recordando que «la liquidación y pago del contrato de García de Paredes, el de mayor cuantía, no la aprobó y ejecutó Fernández Gayoso, sino el señor Castellano, y sin embargo el juez también le pide la responsabilidad solidaria por el mismo».
La dirección de NCG evitó valorar el auto
Por su parte, Javier García de Paredes recurrirá el auto por el que se le obliga a depositar una fianza de siete millones de euros. Según explicó su abogado, Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, «el motivo principal para la solicitud de una fianza es si el encausado está en peligro de mora, y García de Paredes lleva más de un año intentando dar cumplimiento a un acuerdo alcanzado con el banco, por el que renunciaba a una serie de cantidades muy superiores a las reclamadas por la Fiscalía». Ese pacto, recuerda, quedó suspendido primero por la actuación de la Fiscalía y después por el proceso abierto en la Audiencia Nacional, y ahora se le pide un embargo sin que concurran los requisitos de riesgo de mora que aparecen en la Ley de Enjuiciamiento Civil y Penal, dice su defensa.
La dirección de NCG, también personada en la causa de las indemnizaciones para defenderse, evitó valorar el auto.
El abogado coruñés Pablo Arangüena, que fue quien en octubre del año pasado presentó una denuncia en los juzgados de A Coruña que dio pie a este proceso, apuntó que «el juez aprecia que, a la luz de las pruebas, los indicios de delito son sólidos». «Y esto se aprecia en que la fianza impuesta -continuaba- va en la misma dirección».