El documento desvelado ahora no cita expresamente «a ninguna entidad», dicen fuentes de la asociación de inspectores. Pero se pueden intuir algunos casos. Así, lamentan que durante los procesos de fusión de entidades -hubo quince operaciones desde el 2009- el proceso de inspección fuera muy limitado: «Hay áreas [del negocio] importantes que durante muchos años no se han visto, como ocurrió con algunas cajas que para no interferir en los procesos [fusiones] se suspendieron las actuaciones in situ» durante años.
Lamentan también los inspectores que «en la resolución de la crisis se ha actuado de un modo excesivamente suave» con algunas conductas que podían afectar a la solvencia de una caja o banco. Y entran directamente en el caso de las indemnizaciones: «Se ha sido laxo en la política de remuneraciones estratosféricas de gestores de entidades (particularmente en cajas, muchas parcial o totalmente nacionalizadas)». El caso más conocido es el de Novacaixagalicia, con cinco exdirectivos imputados y declarando ante la Audiencia Nacional, entre ellos quieren fuera copresidente, Julio Fernández Gayoso.
Actualmente, el cuerpo de inspectores cuenta con unos 400 funcionarios, de los que, según algunas fuentes, alrededor de 80 se dedican en exclusiva a vigilar lo que hacen los dos grandes (Santander y BBVA). Y esa organización también suscita críticas. Se han consumido recursos «en detrimento de los asignados al foco de entidades con problemas: cajas y bancos medianos».
Y se preguntan, además, si solo las cajas nacionalizadas eran las manzanas podridas del sector financiero.