José Luis Pego, quien fuera director general de Caixanova y uno de los mayores ejecutivos de la entidad resultante de la fusión con Caixa Galicia, cerró ayer la ronda de comparecencias de la comisión de investigación de las cajas con una intervención que empezó con una petición expresa de «desculpas» por los errores que se pudieron cometer con su gestión, y que prosiguió con una defensa de la legalidad de su contrato, el que le permitió percibir una indemnización y pensión de 18,7 millones de euros al ser rescindido, y motivo por cual está imputado por la Audiencia Nacional. «Era un contrato de adhesión, eu non o pido -sin desvelar quién se lo dio-, estaba así establecido pola caixa e eu simplemente firmo».
El exdirectivo se remontó a septiembre del 2011, cuando José María Castellano lo apartó de la dirección de la caja, ya convertida en banco. «Non me vou da entidade por vontade propia, voume porque me din que teño que abandonar o proxecto», explicó, tras lo cual advirtió de que había unos compromisos «elevados» de su contrato del 2005. «E díseme que os contratos están para cumprilos», aclaró.
Pego evitó responder a Carme Adán (BNG), que se interesó por si iba a devolver parte de esa indemnización. Se limitó a decir que los contratos «son legais», y que no podía abundar en el tema por recomendación de su abogado.
También dirigió Pego su intervención a desgranar la posición que mantuvo Caixanova contra la fusión gallega, unión que acabó abrazando forzado por el Banco de España tras una reunión de las dos cajas «coas institucións supervisoras galegas e españolas». Añadió que si la unión fracasó después fue por el cambio «brutal» en la normativa que obligó a aumentar las necesidades de capitalización; por la frustrada venta de 300 oficinas que permitirían un mayor saneamiento.