El ministro garantiza la «completa independencia» de la AEAT y asevera que «jamás» ha tenido injerencia política
11 dic 2013 . Actualizado a las 14:57 h.El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha ofrecido a los grupos parlamentarios la aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria, pendiente desde 1990, para definir el nombramiento de sus cargos y «dar seguridad a todos», según inforrma Efe.
Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Montoro ha respondido al diputado de UPyD Álvaro Anchuelo que en sus seis años como ministro de Hacienda está con la «capacidad de garantizar la completa independencia» de la AEAT y ha aseverado que «jamás» ha tenido injerencia política.
El ministro ha pedido a los grupos parlamentarios que en el marco de la reforma tributaria que deberá debatirse en los primeros meses de 2014, se apruebe un Estatuto de la Agencia Triubtaria en el que se defina cómo se hacen los nombramientos y cómo se ocupan los cargos de todos los funcionarios, con el fin de «satisfacer a los miles de hombres y mujeres que garantizan la recaudación tributaria y luchan contra el fraude».
El ministro ha comparecido para dar explicaciones sobre la cadena de ceses y destituciones que ha tenido lugar en la Agencia Tributaria (AEAT), a petición de los socialistas, que han incluido en el orden del día de la sesión una interpelación urgente al titular de Hacienda. Y es que el principal partido de la oposición considera «muy grave» que en las últimas semanas se haya destituido a una inspectora de la delegación de Grandes Contribuyentes por oponerse a un recurso que la cementera mexicana Cemex presentó contra la multa de 450 millones de euros que se le había impuesto. Esta decisión provocó la renuncia de varios compañeros de la inspectora, entre ellos la cúpula de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), así como del director de Inspección, Luis Jones, por discrepancias con la Dirección en materias relacionadas con el personal, nombramientos concretos y criterios de reasignación de funcionarios, informa Europa Press.
Además, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha destituido también en los últimos días a los delegados especiales de Galicia, José Luis Rodríguez Díaz; de Castilla y León, Miguel Santos Barrueco; y de Cantabria, Adrián Montejo Jiménez. Según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, en los casi dos años que van de legislatura se han producido más de 300 ceses en el organismo.
En estas circunstancias, los socialistas acusan al Gobierno de practicar «constantes injerencias» en la dirección de la Agencia Tributaria, lo que está causando un «daño irreparable en la conciencia fiscal y en la lucha contra el fraude», además de «desincentivando» a los inspectores, que «asisten con preocupación al negligente comportamiento de los actuales responsables políticos de la Hacienda Pública».
«La gravedad de los hechos y datos conocidos recientemente están poniendo de manifiesto un profundo y progresivo deterioro de la Administración tributaria que puede incidir además muy negativamente en el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y, lo que es más grave, que ahonda en las injustas diferencias entre aquéllos que, por sus recursos y posición, logran eludir el pago de impuestos y la mayoría de los ciudadanos que cumplen escrupulosamente con sus obligaciones», añade el PSOE.
Aclara los ceses
Por eso, exigen a Montoro que aclare los criterios organizativos de sus actuales responsables políticos y la regularidad de los expedientes tributarios que afectan a los grandes contribuyentes, un asunto sobre el que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya ha señalado que la Ley General Tributaria es «muy clara» sobre la no publicación de expedientes que afectan a personas físicas o jurídicas determinadas.
Además, tanto Sáenz de Santamaría como otros responsables del Gobierno -entre ellos el propio Montoro- han defendido en diferentes ocasiones que esta cadena de ceses y dimisiones se enmarca en el proceso «normal de relevo de los equipos» tras el nombramiento de Menéndez como director de la Agencia hace cinco meses, y han asegurado que no se están produciendo injerencias políticas y que los inspectores actúan con «independencia y profesionalidad».
De hecho, en una respuesta parlamentaria al portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, el Ejecutivo elude cuantificar el número de destituciones argumentando que «cualquier nombramiento en un puesto de libre designación necesariamente implica el cese en el puesto que se venía ocupando anteriormente», y asegurando que algunas de estas suspensiones se han debido a promociones internas.
En cuanto a las razones para esta tasa de destituciones, la respuesta parlamentaria argumenta que «los cambios en los equipos directivos tienen relación con la capacidad de autoorganización reconocida a las administraciones públicas y con los procesos de renovación que se producen con el objetivo de alcanzar mayores niveles de eficacia», y asegura que «no existe ningún tipo de injerencia política en la gestión de la AEAT, que se caracteriza por ser desarrollada por personal altamente especializado».
A la interpelación le seguirá, en la última sesión plenaria prevista antes de fin de año, el debate y votación de una moción del PSOE en la que se podría incidir en la reprobación de Montoro, cuya censura ya sometió a votación el PSOE por la llamada 'amnistía fiscal' y fue rechazada por el PP.
Asimismo, en la sesión de control al Gobierno del Pleno del miércoles Anchuelo también preguntará al titular de Hacienda si «está en condiciones de garantizar la independencia de la Agencia Tributaria» a raíz de todos estos casos.
Por otra parte, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también tiene registradas sendas peticiones de comparecencia de Montoro y de Menéndez ante la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja por este asunto.