Un cambio de criterio de la Seguridad Social en la aplicación de la norma deja a decenas de miles de desempleados sin acceso a jubilación anticipada
13 ago 2014 . Actualizado a las 16:43 h.La Seguridad Social ha cambiado de caballo a mitad de la carrera. Esa es la impresión de decenas de miles de parados afectados por el viraje que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social -en concreto la dirección general de Ordenación de la Seguridad Social- ha dado en lo que respecta a que parados mayores de 55 años puedan acogerse a la jubilación anticipada a los 61 años, como permitía la normativa previa a la última reforma del sistema de Seguridad Social, aprobada en agosto del 2011.
Este colectivo, cumpliendo una serie de requisitos -haber perdido el empleo antes de abril del 2013, tener más de 55 años y no estar dado de alta en ningún régimen de la Seguridad Social, es decir, no ser trabajador en activo-, suscribió un convenio especial que les permitía seguir cotizando, pese a no haber vuelto a trabajar tras el despido, para poder mejorar así su pensión futura, a la que podrían acceder de forma anticipada con 61 años.
Pero eso ocurría hasta junio. Hasta que, en virtud de una indicación interna de la dirección general de Ordenación de la Seguridad Social, cambió el criterio de aplicación de la norma que hacía posible que este colectivo estuviera amparado por la legislación previa a la última reforma, que, entre otras cosas, retrasó la edad de jubilación anticipada a los 63 años.
En el último año y medio se venía aplicando esta situación transitoria -prevista hasta el 2019-, más beneficiosa para quienes se han visto expulsados del mercado laboral a partir de los 55 años. Pero la circular de junio -ratificada de nuevo en idéntico sentido con otra fechada el 1 de agosto- ha provocado que personas que esperaban acceder ya a la jubilación hayan visto cómo esta les era denegada por considerar, en una interpretación literal de la ley, que haber estado cotizando a la Seguridad Social, pese a pagarlo de su bolsillo y no ser fruto de una relación laboral, era «una situación asimilada a la de alta». Y precisamente a ese argumento se agarran desde el ministerio que dirige Fátima Báñez para defender que no ha habido cambio de criterio alguno, sino únicamente una interpretación «coherente» con la ley y la reforma del 2013, después de recibir numerosas consultas desde las administraciones territoriales.
Discrepancia en el impacto
Fuentes de Empleo también aseguraron ayer a La Voz que en ningún caso el número de afectados por esta situación es de decenas de miles de personas; hasta 130.000, según los cálculos que manejan los sindicatos. De hecho, aseguran que la Seguridad Social estima, «en un cálculo muy conservador, al alza», que el número máximo anual de afectados no sobrepasaría las 7.000 personas.
Aunque admiten estar en contacto con las organizaciones sindicales, que piden la retirada de la polémica orden y seguir aplicando los criterios anteriores a ella, las mismas fuentes de Empleo subrayan que «la decisión está tomada» y que, en virtud de las nuevas pautas, los desempleados que estén cotizando a través del convenio especial tendrán que esperar dos años más, hasta los 63, para acceder a la jubilación anticipada.
Cambio de criterio firme
Insisten en que estar en el régimen especial es equiparable a estar en el general -trabajadores por cuenta ajena-, y que tal situación excluía la posibilidad de acogerse a la jubilación a los 61 años, aunque no a la voluntaria que recoge la última reforma de la Seguridad Social. Es decir, que la postura del Ejecutivo es la de mantener el cambio de rumbo marcado este verano, aunque no explica qué ha provocado esa modificación de criterios, ya que no ha habido nuevas normativas que lo avalen.
Mientras tanto, los afectados están organizándose a través de las redes sociales, en las que, además de manifestar su descontento y poner en común sus casos particulares, diseñan la puesta en marcha de medidas de presión.