Los partidos y los sindicatos que promovieron a la cúpula piden ahora explicaciones
03 oct 2014 . Actualizado a las 08:18 h.La política saltó este jueves a la palestra en el escándalo montado en torno a los 15,5 millones de euros que las antiguas cúpulas de Caja Madrid y Bankia dilapidaron entre el 2003 y el 2012 con las tarjetas VIP (Business Oro y Business Plata) que disfrutaron al margen del circuito habitual de pagos profesionales de la entidad. Los principales partidos pidieron que se devuelvan todos los fondos e incluso alguno, como IU, reclamó la apertura de una comisión de investigación. Esta se realizaría, en todo caso, en la Asamblea de Madrid, como sede de la caja de ahorros. Aunque las palabras de censura llegaron también desde el ámbito nacional. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que son conductas «absolutamente impropias» y tachó lo ocurrido de «execrable». Admitió, no obstante, que «si a alguien le duele es a mí» por sus pasados vínculos profesionales con algunos beneficiados, como Rodrigo Rato, ex vicepresidente económico con el PP; y Estanislao Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda en su primera etapa como ministro.
Por su parte, la Comunidad de Madrid que preside el popular Ignacio González destituyó ayer al director general de Economía y expresidente de la comisión de Control de Caja Madrid, Pablo Abejas. Este, en declaraciones a El Mundo, dijo sentirse «una víctima» porque «me señalan a mí [gastó una media de 32.500 euros al año con la tarjeta] cuando era una práctica habitual».
«Todo el mundo lo sabía»
«Todo el mundo sabía lo de las tarjetas desde 1987», clamó en línea con las quejas de otro exconsejero de Caja Madrid, Ignacio del Río. Este, en declaraciones a la cadena SER, admitió que «no había control alguno sobre los gastos de las tarjetas», aunque apuntó que el expresidente de la entidad, Miguel Blesa, le indicó que estaban destinadas a gastos como comidas y viajes, y no a compras de ropa o retiradas de efectivo como sí fueron utilizadas.
Admitió, eso sí, que nunca declaró esos fondos a Hacienda porque, al no aparecer como dietas, entendió que no era necesario hacerlo. De opinión similar son otros consejeros -de la lista de 86 ex altos cargos de la entidad que se beneficiaron de las tarjetas-, que insistieron en que desde la cúpula se les manifestó siempre que «todo era legal»
Hablaron incluso de un supuesto acuerdo con la Agencia Tributaria para tributar de forma conjunta por el 35 % de esos pagos, aunque los técnicos del fisco rechazan esa posibilidad y presumen la existencia de, al menos, una infracción administrativa.
«Un escarmiento»
En cualquier caso, esos consejeros -que pidieron el anonimato- criticaron que ahora quieran «hacer un escarmiento» con ellos los mismos partidos (PP, PSOE, PSOE e IU) que los promovieron para entrar en el consejo y que, de una forma u otra, conocían los acuerdos que tomaba Caja Madrid. Dentro de esa purga se situaría la dimisión de la presidenta de la Fundación que ha sucedido a la entidad de ahorros tras la última reforma financiera, Carmen Cafranga, quien defendió que ese sistema de compensación (vía tarjetas) se aplicaba desde 1988 y está «generalizado en numerosos bancos y otro tipo de empresas».
Pese a ello, el FROB, titular del capital de la matriz de Bankia tras su rescate en el 2012, se considera legitimado para reclamar la devolución de los fondos. Los sindicatos, por su parte, optaron por esperar a las explicaciones que les den sus representantes en el consejo de la caja que se beneficiaron de esas tarjetas opacas: al menos dos en UGT y otros cinco en CC. OO. Ambas organizaciones dijeron desconocer todos estos años lo ocurrido.