El Gobierno fija una cartera de servicios mínimos para todos los parados españoles

G. L. REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Incluyen cuatro prestaciones básicas: orientación profesional; colocación y asesoramiento de empresas; formación y cualificación profesional, y un servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento

17 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Todos los desempleados españoles tendrán derecho a unos servicios mínimos en las oficinas de empleo, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan. Así lo acordó el Consejo de Ministros, que ayer aprobó el real decreto que regula la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, en la que se incluyen cuatro prestaciones básicas: orientación profesional -para identificar el perfil profesional del trabajador-; colocación y asesoramiento a empresas -para casar las demandas con las ofertas de empleo-; formación y cualificación profesional y, por último, un servicio de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

Una oferta de mínimos que podrá ser incrementada posteriormente por cada comunidad. En el caso de Galicia, la Consellería de Traballo ultima su propia cartera de servicios de empleo, en la que se incluirán más servicios que los previstos para todo el Estado.

La nueva regulación busca, por un lado, ofrecer una atención más individualizada, para lo cual las oficinas de empleo deberán realizar un perfil de cada demandante de empleo y trazarle un itinerario personalizado de inserción. Pero también es fundamental para poder medir con criterios objetivos los resultados obtenidos en cada autonomía y repartir así los recursos disponibles para políticas activas de empleo. Este año, por primera vez, el 60 % de los fondos se distribuirán en función de objetivos.

Y es que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, remarcó ayer que el problema con los servicios públicos de empleo durante la crisis «no es de recursos, sino que no hay eficiencia». En ese sentido, recordó que entre el 2008 y el 2011 el paro aumentó en más de 3,3 millones de personas a pesar de que se invirtieron 30.311 millones de euros en políticas activas de empleo. Y fue más allá, asumiendo que casi la mitad de los parados no contactan con las oficinas de empleo y solo tres de cada diez esperan una llamada de esta.

A su juicio, «los servicios públicos han estado más en la gestión de las prestaciones y los subsidios públicos» que en orientar a los desempleados en su vuelta al mercado de trabajo, aunque a renglón seguido quiso rebajar la carga de sus palabras agradeciendo la «inmensa labor» de los empleados de estos servicios, que en los últimos días han denunciado el colapso de las oficinas de empleo ante la avalancha de solicitudes de la nueva ayuda a parados que ya han agotado todos los subsidios.

La ministra, que insistió en que «la máquina del empleo se ha puesto en marcha», recordó que este año se ha incrementado un 16 % el presupuesto para políticas de empleo, hasta los 4.763 millones. De esta cantidad, algo más de dos mil millones se destinarán a formación, 1.500 a bonificar contratos y 110 para los acuerdos de colaboración con las agencias privadas de colocación.