Los precios públicos dejarán de actualizarse a partir de ahora según el IPC

J. M. C. MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

La variación en el coste de la vida no repercutirá en las pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni la negociación salarial

02 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

La evolución del coste de la vida, tal y como mide la inflación mes a mes, no servirá para que la Administración determine los precios de los servicios públicos. A partir de ahora será un cálculo que cambiará dependiendo de los costes que generen. Así lo determina la Ley de Desindexación de la economía, impulsada por el departamento que dirige Luis de Guindos, y que entró en vigor ayer miércoles. Esta norma desvincula numerosas tasas del índice de precios al consumo (IPC), como ocurría hasta ahora. Concebida inicialmente para evitar una espiral de precios, la ley llega en un momento en el que la inflación acumula nueve meses en negativo (hasta marzo, ha caído un 0,7 %).

Repercutirán sobre el precio los transportes, las telecomunicaciones, la energía, los servicios postales, el agua, las tasas, las sanciones y los precios de los contratos públicos. Pero no afectará a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni negociación salarial.

La ley indica que cuando los precios públicos suban se hará de acuerdo con el incremento de los costes del servicio.

Frente al IPC, el Gobierno ha ideado otra referencia denominada índice de garantía de competitividad. Tendrá en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro, que será corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro.