La tributación del IBI en el rural gallego se dispara en plena crisis del sector primario

El impuesto que grava los bienes inmuebles en el medio rural gallego se ha disparado. Y lo ha hecho tanto en la contribución urbana como rústica. La mayor fiscalidad en el campo coincide con una grave crisis de precios en el sector primario, con las rentas en caída libre, tal y como evidencia el sector lácteo. Esto ha empezado a generar una enorme bolsa de malestar en muchos concellos, donde sus ciudadanos denuncian el catastrazo al que están siendo sometidos.

Hay dos factores que explican esta situación. De un lado, la revisión de los valores catastrales al alza a petición de los municipios, lo que le permite recaudar más y engordar sus maltrechas arcas locales después de décadas de una calculada inhibición fiscal por razones electorales. Pero también se suma el plan de regularización extraordinaria 2013-2016 del Ministerio de Hacienda, ligado a la lucha contra el fraude, y con el que el Catastro hace aflorar casas nuevas, reformadas o instalaciones de uso agroganadero hasta ahora ocultas: naves, almacenes y establos que a partir de ahora si estarán sujetas a la contribución rústica. En 91 municipios gallegos, la gran mayoría del medio rural, ya había concluido a 31 de diciembre del 2015 esta revisión para regularizar bienes.

La Dirección General del Catastro, dependiente de Hacienda, es clara. «Nosotros ponemos un valor a un bien o identificamos uno donde antes no existía, pero los que deciden sobre el impuesto y los tipos son los municipios; ese es su ámbito competencial», explican. La revisión al alza del valor catastral, desactualizado desde hacía tiempo, hace que haya vecinos de núcleos del rural, por ejemplo, que vean cómo su recibo de contribución urbana por la casa se multiplica por cinco en apenas en un año. Y que a mayores se enfrenten a la contribución rústica de la nave, almacén o establo que tienen en la finca o próximos a la vivienda.

Es el caso de un vecino de Chantada -el que se ve en los documentos adjuntos-, que ha visto cómo el IBI de su casa ha pasado de 62,7 a 323,5 euros en apenas un año. A ello hay que sumar otros 36,3 por un pequeño establo por el que antes no pagaba un céntimo.

Cambio drástico

La regularización de bienes impulsada por el Catastro tiene mucha relevancia en explotaciones agroganaderas más grandes, con naves y almacenes de mayor tamaño. Sus titulares antes no tributaban por ellas y ahora se pueden encontrar con un recibo anual de IBI rústico que oscile, dependiendo de la valoración que se haya hecho de la propiedad, entre los 500 y los 900 euros.

La normativa habilita al concello a establecer entre el 0,3 % y el 0,9 % del valor de la propiedad. Un establo valorado en 100.000 euros, por ejemplo, tendría que pagar por el impuesto 900 euros si el municipio aplicase el máximo. En el mínimo serían 300.

Dependiendo de que existan o no bonificaciones puede configurarse un mapa fiscal a nivel local muy heterogéneo. Es decir, que un mismo ganadero, dependiendo del concello en el que viva, puede tener una tributación muy diferente para su explotación. Esto es lo que ha llevado al sindicato Unións Agrarias a plantear en todos los municipios nuevas exenciones no solo para aminorar la cuota de los IBI sino para armonizar en lo posible la fiscalidad.

La subida de impuestos en el campo se produce en una comunidad que ha visto caer su renta per cápita agraria los últimos años por encima de la media española. Y ello pese a que el campo viene perdiendo población desde hace ya décadas.

Casi cien municipios regularizados

El plan de regularización extraordinaria del Catastro ha concluido ya en 91 de los 314 concellos de Galicia; casi todos, vinculados al entorno rural. De ellos, 27 se encuentran en la provincia de A Coruña, entre los que destacan Culleredo, Bergondo, Boqueixón, Cabanas, Carnota, Fene, Coristanco, Carral, Sada, A Laracha, Irixoa, Malpica, Ribeira, Mugardos, A Pobra o Melide. En Lugo, con mucha población dispersa por el medio rural, hay otros 24 municipios, entre los que están Abadín, Chantada, Cospeito, Castro de Rei, Baralla, Friol, Láncara, Sober, Ribadeo, Pantón, Vilalba, Viveiro y Lugo.

Otros 15 ayuntamientos se corresponden con la provincia de Pontevedra: ahí están, entre otros, Salceda de Caselas, Ponteareas, Tomiño, Vila de Cruces, Meis, Pazos de Borbén, Meis, Catoira. Por su parte, en Ourense, el Catastro ha regularizado los bienes en 26 municipios, entre los que se encuentran Allariz, Beade, Cualedro, Xinzo de Limia, Esgos, Ribadavia, Verín, San Cibrao das Viñas, Gomesende, Monterrei, Barbadás y Xunqueira de Ambía.

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