Sigue así la recomendación de Bruselas para que la subvención no altere los precios
14 dic 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Si la idea que tiene el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para cambiar el funcionamiento del bono social sale adelante, el descuento que actualmente se aplica sobre la factura de la luz pasará a convertirse en una ayuda directa, desligándolo así de los conceptos que aparecen en el recibo eléctrico. Así lo indicó este martes ante la comisión de Energía del Congreso al reconocer que existe una «necesidad de rediseñarlo, que debe hacerse con mecanismos de apoyo social y no con la intervención en la factura».
La propuesta responde a las recomendaciones de la Unión Europea con las que la Comisión quiere que este tipo de respaldos a las familias con más problemas para pagar la luz «dejen de alterar los precios» que pagan sus beneficiarios frente al resto de consumidores. Se trata de «derivarlos a la política social», matizó.
Unos 2,4 millones de hogares se acogen de la rebaja del 25% en la parte del consumo, lo que representa, de media, un descuento del 8,5% en las facturas. Al bono social pueden acceder pensionistas con prestaciones mínimas, parados de larga duración, familias numerosas y propietarios de viviendas con escasa potencia contratada. El cambio en el modelo del bono social irá ligado al de su financiación. Alvaro Nadal insistió este martes ante los diputados que «debe mantenerse el sistema» en el que son el conjunto de las compañías eléctricas las que sufragan su coste -hasta ahora, unos 200 millones de euros al año-. El ministro aclaró que «tiene que estar financiado por todo el sector», y no mayoritariamente por las grandes corporaciones -Iberdrola, Endesa y Gas Natural-, tal y como falló el Tribunal Supremo en su sentencia de octubre. En cualquier caso, se negó a que la nueva fórmula suponga un mayor coste para el consumidor gravando el recibo.
Sin embargo, Nadal apuntó otro planteamiento novedoso que pasaría por que las eléctricas ayudasen a los servicios sociales de comunidades y ayuntamientos a respaldar el gasto que suponen los cortes por impagos entre las familias más vulnerables. La idea del ministro de Energía es que una proporción de esos costes se incluyan también en el bono social, para que sean «cofinanciados» por el sistema y no solo por las administraciones. «Me gustaría que parte del bono vaya al apoyo que están dando en su ámbito regiones y corporaciones locales» a impedir los cortes, explicó Nadal.
Vulnerabilidad «severa» De salir adelante esta opción, sería la primera vez que las compañías se verían obligadas a financiar las ayudas que hasta ahora asumían los ayuntamientos abonando las facturas de los ciudadanos con menos recursos que no pueden pagar la electricidad. Entre Iberdrola, Endesa y Gas Natural mantienen vigentes 250 acuerdos con diversas instituciones locales, con las que salen beneficiadas unas 64.000 familias. A este tipo de casos de «vulnerabilidad severa» -como los define el ministro- son a los que Nadal restringe el apoyo conjunto de los municipios y las compañías. Esto es, a titulares de contratos cuya situación económica sea muy frágil y no a los millones de familias que perciben el bono social. Sin embargo, recordó que las competencias de servicios sociales se encuentran en exclusiva transferidas a los entes territoriales. «Cualquier actuación se podrá realizar comunidad por comunidad o de forma integrada, las que quieran», indicó.
Para el Nadal, el papel «determinante» para evitar los cortes de suministro lo tienen los servicios sociales. Por ello, insinuó su predilección por la propuesta de la Federación de Municipios de que sean sus órganos los que determinen quiénes son las familias en riesgo, antes de que las eléctricas actúen.