Arias y la Barrié reclaman ante la UE por la resolución del Banco Popular
ECONOMÍA
El Tribunal Europeo admite sus recursos y los de 50 grandes afectados más
01 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El banquero gallego José María Arias y la fundación que preside, la Barrié, han recurrido ante la Justicia europea la resolución del Banco Popular el pasado junio a instancias de organismos comunitarios. Arias era consejero y vicepresidente del banco cuando se produjo la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), que decidió que la entidad era inviable y ejecutó por la vía exprés la primera resolución de una institución financiera en Europa desde que existe la unión bancaria. En síntesis, procedió a reducir a cero todo el capital, provocando pérdidas a cientos de miles de accionistas. Entre ellos, a la Fundación Barrié que Arias preside. Cuando se produjo esa operación, controlaba el 1,48 % del capital, valorado en unos 18 millones de euros. Arias también tenía una participación a título personal, pero muy minoritaria (apenas un 0,01 % de los títulos).
La reclamación se ha interpuesto, tanto en el caso de Arias como en el de la Barrié, contra dos instancias, la propia JUR y la Comisión Europea; no va contra la venta al Santander por 1 euro. Es una vía que han seguido otros 20 demandantes. A ellos se suman otros 30 que solo han recurrido contra la JUR, según información del Tribunal de la UE.
En total, esta instancia ha admitido 52 reclamaciones. Entre ellas están las de fondos de inversión, la de la OCU representando a cientos de pequeños inversores, y grandes accionistas como la familia mexicana Del Valle o el chileno Luksic, que perdieron millones de euros. Algunas fuentes calculan que detrás de esas 52 demandas hay 7.000 de los 300.000 afectados.
Los recursos llegan cojos al seguir oculto el informe clave que justificó la intervención Ahora está por ver cómo prosperan. Sobre todo, por un hándicap que presentan todos: la argumentación de sus recursos está coja porque carecen del documento clave de la JUR que justificó la intervención del Popular. Este organismo se ha negado a facilitar el informe completo alegando razones de confidencialidad, de «secreto comercial», como se explicó a un grupo de eurodiputados, y advirtiendo que desvelarlo podría afectar a la estabilidad financiera de la Unión. Una falta de transparencia que ha irritado a los afectados.
El plazo para presentar las reclamaciones ante Europa concluyó el pasado 17 de agosto. Sigue abierto el procedimiento judicial en España, en este caso contra el FROB -que fue el ejecutor de la orden europea- ante la Audiencia Nacional, hasta el 7 de septiembre, según las fuentes consultadas (porque agosto en es inhábil en la administración de justicia española). Es probable que Arias y la Barrié que preside también opten por replicar su reclamación en España.
Otras alternativas judiciales
Esta vía es contra la resolución del banco ordenada por la UE. Pero siguen abiertas las vías ante los tribunales ordinarios para reclamar el dinero perdido por los accionistas, alegando que la información que suministró el banco en la última ampliación de capital era incorrecta. Un ejemplo: una pequeña empresa de reciclaje de residuos catalana ha interpuesto ante un juzgado de Madrid la primera demanda civil contra el Popular, al que reclama 10.000 euros por la compra de acciones en el 2016.