La Xunta gestiona ya 24 herencias de gallegos, ante la ausencia de reclamación de sus descendientes

Cristina Álvarez falleció a los 80 años en una residencia de Culleredo. Era el verano del 2011. Su herencia constaba de un piso de 123 metros y un local comercial en la calle del Orzán de A Coruña, tres pisos en Pontedeume, una finca en este mismo concello y dos cuentas corrientes. Siete años después, todos esos bienes pasan a titularidad pública, a la Xunta de Galicia. No es un caso único. María Navalón Solleiro, de Tui, fallecía en el 2013 con 82 años, dejando un piso en Vigo, una finca en Tomiño y seis cuentas bancarias. Desde este mes su legatario es la Xunta. Ninguno de sus descendientes pidió hacerse cargo de esas herencias, publicadas en el Diario Oficial de Galicia, bien porque las desconocían, bien porque decidieron desentenderse intencionadamente, o bien porque, sencillamente, los fallecidos no contaban con familiares.

Desde el año 2010, la Xunta se ha hecho cargo de unas 24 herencias tras un largo procedimiento administrativo, que puede llevar entre 5 y 10 años, y que es extremadamente garantista; es decir, que deja la puerta abierta a que durante todo el proceso aparezca cualquier descendiente y reclame su parte.

De esos 24 procedimientos ya concluidos, 10 corresponden a fallecidos en la provincia de A Coruña, otros tantos en la de Pontevedra, dos en Ourense y otro par en Lugo.

A fines sociales

De todos ellos, la Xunta optó por liquidar (desprenderse) unos legados, con un coste en procedimientos de 15.700 euros, y unos ingresos netos de 213.000, según los datos que maneja la Consellería de Facenda.

Y el proceso continúa. Los dos casos citados forman parte de la media decena de procesos abiertos este año: las llamadas herencias intestadas. Es un proceso que puede llevar a cabo la Xunta por la ley de derecho civil del año 1995 (es una de las cinco comunidades habilitadas); anteriormente lo hacía el Estado.

El procedimiento se abre anunciando la existencia de ese legado, tanto en el DOG como en los boletines del concello del fallecido, abriendo el plazo para la presentación de interesados. Si no hay, se abre el caso y se inicia el proceso de liquidación, que puede extenderse durante varios años. Finalmente, se completa el proceso y se procede a la inscripción de todos esos bienes, «que se utilizarán para fins sociais, como establece a lexislación galega», apuntan en Facenda.

Desistimientos al alza

La renuncia de herencias a las administraciones, en todo caso, constituye una mínima parte dentro de los procesos de desistimiento de legados que se producen en Galicia. Solo el primer trimestre de este año, 670 herederos firmaron ante notario su renuncia a quedarse con bienes de familiares fallecidos. La cifra supone un crecimiento del 10 % sobre el mismo período del 2017. Es un ritmo de 7,4 casos cada día, el más alto desde que hay datos. El año pasado esa cifra estaba por debajo de los 7.

El fenómeno sigue creciendo pese a que desde el 2016 hay bonificaciones fiscales en Galicia, con exención de pago de impuestos hasta los primeros 400.000 euros recibidos. Esto ha hecho que se disparen las herencias en vida, camino de otro récord este 2018, con unos 30.000 casos, el triple que antes de la reforma fiscal.

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